martes, 2 de agosto de 2016

La fuerza de la ley del valor contra la fuerza militar, por Carlos Hermoso

Carlos Hermoso,
Sec. Gral. adjunto de Bandera Roja
Aristóteles deja servida la mesa para abordar el problema del valor de las mercancías, junto a una interrogante: ¿qué hace que dos mercancías distintas se igualen? Está claro el pensador heleno en que “la forma-dinero de la mercancía no hace más que desarrollar la forma simple del valor, o lo que es lo mismo, la expresión del valor de una mercancía en otra cualquiera”, afirma Marx. Cosas cualitativamente diferentes se hacen equivalentes mediante el dinero. Pero el filósofo no logra establecer cuál es la sustancia que permite la relación de igualdad. Sin embargo, las cosas se igualan. Su fuerza, en la sociedad capitalista, no conoce límites. A la fuerza material que representa el intercambio de equivalentes, se le une la propia que representa el egoísmo que dimana de las relaciones sociales basadas en la producción y realización de plusvalía.

La equivalencia se hace inexorable. La ley puede ser burlada durante un tiempo. Así como un cuerpo impulsado por un adminículo propulsor puede burlar la ley de la gravedad durante un tiempo —mientras esté a una distancia bajo la fuerza de atracción de un cuerpo celeste determinado—, de igual manera, un conjunto de medidas gubernamentales puede burlar la ley del valor durante un tiempo, el que dure la energía que supone tales medidas. Pero, pasado cierto tiempo de recomposición, emerge la fuerza de la ley afianzada por el espíritu de la ganancia a costa del dolor de los otros, sobre todo de los más necesitados.Los fundadores de la economía política, de la ciencia económica —Adam Smith y David Ricardo—, desarrollan la teoría del valor-trabajo siguiendo la sentencia de William Petty según la cual el trabajo es el padre de la riqueza, y la tierra, su madre. Con ello, dan una respuesta general a la pregunta del genio griego. Lo que iguala dos mercancías cualitativamente distintas es el trabajo. Se despeja así el camino para comprender el valor de las mercancías, su precio y sus variaciones. A pesar de las inconsecuencias de Smith y Ricardo, la teoría del valor-trabajo se eleva a su máxima expresión científica, con Marx. El tiempo de trabajo objetivado en cada mercancía determina el valor de cambio, y por ello la equivalencia está sujeta a esa magnitud en cada mercancía y se convierte en un asunto social que expresa una fuerza inconmensurable cuyo comportamiento se hace concreto.

Dos mercancías, frente a frente, con el mismo valor de uso —esto es, cualitativamente iguales, ya que satisfacen la misma necesidad— expresarán en el competitivo mercado diferencias cuantitativas en caso de que presenten distinto tiempo de trabajo socialmente necesario para su producción. Esto explica la mayor competitividad asiática frente a la propia en los países que mantenían la hegemonía manufacturera. Se ha expresado en el desplazamiento de EEUU de la primacía mundial en la materia. Se expresa también en la afluencia de capitales de las grandes potencias imperialistas hacia China, en busca de una mayor cuota de ganancia frente a su alicaído comportamiento en las economías más desarrolladas hasta entonces. Menos valor y calidad similar, al menos. Menor precio por el mismo producto. Eso hace a un país más competitivo que otro.

En las circunstancias actuales la cosa luce muy sencilla. China se presenta como la nación más competitiva precisamente porque sus mercancías son las que cuentan con menos de este fluido. El capital variable —lo que invierte el capitalista en fuerza de trabajo, que es lo que arroja nuevo valor— es mucho menor que el similar en países de tradición industriosa. De allí que en ese país asiático —pese a aumentar la inversión en medios de producción, maquinarias y equipos, materias primas y materias auxiliares— la cuota de ganancia es mayor que la imperante en EEUU y Europa, por brindar una fuerza de trabajo más barata, disciplinada y reproducida en condiciones relativamente ventajosas.

Pero resulta un crimen mayor una política cambiaría que favorece aún más al producto importado. A la larga, se impone la terca fuerza de la ley del valor y junto a ella la ética burguesa legitimada a más no poder por el economista: el precio más elevado es el del producto más escaso. Entretanto, los importadores —en una constante práctica para destruir la economía nativa— obtienen jugosas ganancias, poniendo sus ansias de riqueza por encima de los intereses del país. Y, por supuesto, contando con el interés y la complicidad de especuladores y pillos de la estructura burocrática del Estado que facilitan los negociados.Sucede que el Gobierno chavista encontró en China su mejor aliado estratégico. De allí que esa integración se convierte, a la postre, en el beso de la viuda negra. La dependencia de China en varias e importantes materias alcanza escalas ni siquiera logradas en tiempos de dependencia casi exclusiva del imperialismo estadounidense, que dejó toda una cultura pitiyanqui. Sumemos que tal alianza motiva un endeudamiento público que a la larga impone políticas como las que realiza el Gobierno actualmente contra el pueblo para garantizar el pago de la deuda pública —que según fuentes muy calificadas alcanza la mitad del presupuesto ordinario de 2016—. Es así cómo resultó un crimen contra la producción nacional integrarse con economías más competitivas, sobre todo a la china, aunque Mercosur nos hizo lo propio en su escala regional.

Importar bienes a dólar preferencial sobrevaluado conduce de manera clara a una gran distorsión. La mercancía se vende a un precio muy por debajo de su valor en el mercado interno. Pero se paga con dólares en su valor a los acreedores. El poder adquisitivo del dólar en el mercado internacional está sustentado en la propia economía mundial. Mientras, el dólar fijado de manera arbitraria, en nuestro caso, lo sobrevalúa. Medida que —usada de manera racional y guiada por el interés nacional— bien pudiese servir para un mayor desarrollo, importando medios de producción, por ejemplo, para hacer más competitivo el producto nacional, con un acertado control del mercado interno. Pero, en el caso que nos ocupa, se usa en función de hacer más competitivo al producto importado frente al nativo.

En los últimos tiempos, es la deuda pública, externa e interna, la que presiona para que los ajustes que adelanta el Gobierno conduzcan a la aproximación de los precios de muchos artículos a su valor de cambio, con el beneplácito de sectores diversos de la oligarquía y de sus agentes ideológicos y políticos. Las hortalizas resultan emblemáticas en este sentido. Otros rubros, por su parte —producto de la inflación y la consiguiente presión de demanda—, alcanzan precios muy por encima de su valor. Es así como el precio de muchos bienes alcanzan precios muy por encima del propio en otros países. Por ejemplo, el precio de un kilo de azúcar en EEUU se sitúa cerca de un dólar y en el mercado venezolano se ubica hasta en 4 mil bolívares, esto es, 4 dólares con base en el mercado paralelo.

La única mercancía cuyo precio no se aproxima a su valor es la fuerza de trabajo. El proceso de ajuste ha conducido a una caída de su precio muy por debajo de las condiciones de reproducción del obrero y de su familia. Recordemos que el valor de esa mercancía (el trabajo) se configura con base en el tiempo de trabajo socialmente necesario que requiere la producción de los bienes y servicios necesarios para que el obrero se reproduzca, como nivel mínimo: adquirir los productos de su dieta y pagar algunos servicios. Pero, sin duda, los más afectados son los trabajadores de los servicios, de la administración pública y de sectores de los servicios básicos de la población en general. El conjunto de los trabajadores de la sociedad venezolana sufre las consecuencias de una política gubernamental que busca a toda costa pagar la deuda. Por lo que la rebaja del gasto social alcanza su máxima expresión. La inflación logra camuflar esta estrategia junto a la farsa de la tal “guerra económica”.

Frente a esta ofensiva contra la familia venezolana, la Confederación de Trabajadores de Venezuela rechazó contundentemente la resolución Nº 9855 del Ministerio del Trabajo, de fecha 22 de julio del corriente, pues significa una brutal militarización de la actividad productiva nacional, sobre todo la referida a rubros alimenticios y en especial en lo atinente a las relaciones laborales, y una expresa violación de derechos constitucionales (arts. 87 y 89) y legales referidos al derecho al trabajo, contraviniendo flagrantemente principios y fundamentos de convenios internacionales referidos al trabajo forzoso (nº 29), a la contratación colectiva y a la libertad sindical (n 87 y 98).

¿Será útil la fuerza militar?

Así, mientras sufrimos en Venezuela una variación de precios al alza que empobrece cada vez más a la gran mayoría de ciudadanos, en otros países, al contrario, la tendencia es a la baja. Inflación, especulación y caída de la producción hacen que el alza de precios escale niveles cada vez más elevados. ¿La respuesta del Gobierno?: ¡militarizar!

Si recordamos la tradición de corrupción que han impuesto a la fuerza armada muchos de sus integrantes, es de esperarse que el fenómeno de la corrupción, en el mejor de los casos, sea mejor administrado pero en absoluto superado. Es de todos conocido que las más gananciosas cadenas de contrabando —como la de la gasolina— están en manos de los militares.¿Qué fuerza pueden tener los militares para resolver nada? Las armas parecen no frenar nada. Toda esa fuerza militar es nula frente a las leyes que rigen la producción y el cambio entre productores independientes. El terror puede durar un tiempo. Pero no es una fuerza económica capaz de hacer nada, así como nula es la fuerza militar frente a la descomposición del régimen y el rechazo a una forma de dominación que en algún momento se fortaleció tras la mascarada “socialista”.

Hay cuestiones de alto tronío en la designación de Padrino López como superministro y la militarización que supone. La asunción de la responsabilidad del asunto más serio de la crisis venezolana por parte de la primera figura militar es multipropósito. Es un claro mensaje a la nación. Muy claro queda establecido que el hundimiento de la nave chavista los arrastrará a todos, en caso de que fracasen. Flotar significará continuar el mismo reparto del botín.

Pero también es un mensaje al poder oligárquico, al Fondo Monetario Internacional, a las bancas china, europea y estadounidense. Confianza brindan los militares al mundo de que su unidad es la concentración de la fuerza represiva contra la reacción popular. La protesta frente a la carestía y la escasez los encuentra unificados, adiestrados y con las herramientas y técnicas que demanda la represión urbana.

Por último, es un claro mensaje de la cúpula militar unificada y usufructuaria a cierta oposición amedrentada. La represión —una de cuyas expresiones más acabadas la resumen los presos políticos— encuentra en la circunstancia actual mucha pertinencia por parte de un régimen que, estando moribundo, busca superar el más serio escollo con la fuerza de las armas y la represión. Mensaje que encuentra entre los temerosos, uno de sus interlocutores.

Para que la fuerza material que supone medidas gubernamentales positivas tenga una mayor duración, debería ser acompañada de otras determinaciones. De una parte, la fuerza moral y ética en correspondencia. Asimismo, un orden jurídico sancionatorio de delitos que buscan obtener beneficios particulares. Pero, sobre todo, de medidas que permitan la recuperación del aparato productivo. Implica, claro está, la adopción de una nueva política económica de carácter nacional y popular. Una política que obligue al sistema bancario a canalizar el ahorro social hacia la inversión productiva, lo que supone una tasa de interés baja, una cartera basada en el crédito productivo, entre otros aspectos. Una política tributaria que permita la elevación de la capacidad de demanda ciudadana. Una política fiscal progresiva. Que paguen más los que más beneficios obtienen, sobre todo de quienes los obtienen de la explotación de los trabajadores, de la usura bancaria y del comercio. Y, fundamentalmente, una nueva política con el sector externo de la economía que permita revisar procesos de integración que lesionan la economía nacional. Una política de importación de medios de producción, junto a una acelerada sustitución de importaciones sobre todo en el sector agrícola.A esta unidad cívico-militar no les basta haber llevado al país a una catástrofe de grandes proporciones que dejará sus secuelas más dramáticas en una generación infantil desnutrida. Ahora negocian para mantenerse bajo el argumento de que resumen la capacidad represiva y coercitiva para superar el escollo por la fuerza militar. Buen papel juega la fuerza militar contra el pueblo. La represión y el clima que de él dimana son un factor de contención. Pero ya vendrán tiempos en los cuales la gente, viendo que nada tiene que perder, superará las barreras que colocan para contener el descontento.

En el caso venezolano, tales condiciones son inexistentes. De una parte, por la esencia ética de las relaciones de producción y de cambio imperantes en la sociedad venezolana. Pero a ellas se unen, de manera potenciada, las propias del proceso de descomposición del régimen chavista. La corrupción de los de arriba se drena hacia abajo en el sistema del bachaqueo amparado en los cuerpos policiales y militares, por ejemplo. Lo que resulta un emblema de la putrefacción encuentra en la venta de las bolsas de comida distribuidas por integrantes de los CLAP a precios de bachaqueo, una nueva expresión bastante creativa.

La militarización de la economía por parte del chavismo resulta una muestra más del talante fascio del régimen. Sin embargo, por la destrucción del aparato productivo, por el freno al desarrollo de las fuerzas productivas que supone la desindustrialización, se queda en el simple gorilato. El fascismo supone una planta industrial capaz de disputarse la hegemonía mundial. Por lo que esta experiencia venezolana refleja, estamos apenas ante una caricatura del imperialismo nazi. Lo imita mediocremente. Lo que nos hace recordar una vez más aquello de que la historia se repite… esta vez como comedia, como farsa.

Carlos Hermoso
Sec. Gral adjunto de Bandera Roja
Economista
Profesor UCV
Dr. en Ciencias Sociales

Hambruna en La Guajira, por Thaischi Molina

Thaischi Molina,
dirigente de Bandera Roja Zulia
Buena parte de los venezolanos está experimentando el trago amargo de estar padeciendo carencias nutricionales,  pues cada vez come menos y en su mayoría dos veces al día, con la probabilidad de estar sujeto a la mala calidad del producto o simplemente no encontrarlos, dejando de consumir alimentos fundamentales como los granos, huevos, carne, pollo y hortalizas. Hoy día se ha convertido en una odisea obtener ciertos productos esenciales para el buen desarrollo y rendimiento de nuestras capacidades físicas e intelectuales.

La Encuesta Condiciones de Vida del Venezolano 2014, realizada por investigadores de las universidades Central de Venezuela, Simón Bolívar y Católica Andrés Bello, alertó acerca del desequilibrio del menú que se sirve en los hogares. “La alimentación se ha deteriorado en todos los estratos sociales”, sin distingo de color, raza o sexo. Pero si esto está aconteciendo en todas las casas de cada barriada, sector o población, como será para aquellos que no tienen acceso a supermercados, hospitales e incluso a cuentas bancarias. Me refiero a nuestros indígenas venezolanos, que son los verdaderos dueños de las tierras y que por años han sido maltratados, se les ha vulnerado sus derechos como parte fundamental en nuestra sociedad y como seres humanos que son.  

Existen estudios realizados por especialistas, e incluso por el Banco Mundial, que han demostrado que en nuestro continente la pobreza y la exclusión social están asociadas a variables étnicas. En otras palabras, los más pobres y marginados de la sociedad son los indígenas.

Según los últimos datos del INE (2012-2014), el consumo de comida se desplomó en los últimos dos años y la población entró en insuficiencia calórica. Nuestros niños, ancianos e indígenas son  las primeras víctimas ante la llamada hambruna desoladora, que en su conjunto de miseria trae la desnutrición y enfermedades asociadas a parásitos, diarrea, problemas cardiovasculares, fiebres y cuando ya es demasiado tarde para tratarlos, la muerte.

En la Guajira venezolana abunda la desnutrición, el síndrome pluricarencial (trastorno dietético grave observado en niños entre los 10 meses y los tres años, que se debe a una malnutrición severa que incluye una carencia de nutrientes vitales básicos y un déficit importante de proteínas), marasmo (delgadez extrema que resulta de una desnutrición severa), escorbuto (enfermedad carencial que resulta del consumo insuficiente de vitamina C), raquitismo (producida por la carencia de vitamina D en la nutrición y deformaciones óseas , deshidratación severa) entre otras. 

En la Guajira mueren 360 niños por hambre  y nadie dice ni hace nada al respecto. Las zonas aledañas a la frontera generalmente están  sin carreteras, sin acueductos o sistema eléctrico, por consiguiente, son lugares donde abundan los niños y niñas desnutridos, sin atención de las autoridades regionales o nacionales. 

Los municipios Mara y Guajira del estado Zulia son las entidades que presentan mayor índice de desnutrición infantil en el país, según estudios realizados por la Universidad del Zulia, mostrando de igual manera  que los mayores afectados son las etnias añú y wayuu que viven en la faja lacustre. En nuestro estado, la desnutrición infantil alcanzó el 34%, tomando en cuenta a niños de 0 a 13 años. En el municipio Maracaibo la cifra de desnutrición alcanza el 19,9%, pero en los municipios foráneos especialmente en las zonas desfavorecidas como Mara, Guajira y Almirante Padilla, rompen el promedio del 30% de la población infantil. (Esta investigación se detalló en una encuesta realizada a 43.772 niños).

Antes de que se iniciara el proceso inflacionario que estamos sufriendo los venezolanos, solo el 16% de la población de la Guajira vivía en casas no precarias, es decir, 84% de las población de la Guajira vive en medio de un cuadro económico frágil. Tres de las cinco parroquias más pobres en el Estado Zulia están en Mara (Las Parcelas, Monseñor Marcos Godoy y La Sierrita), en Páez las más pobres son las parroquias La Guajira, Alta Guajira y Sinamaica. Estudios realizados por LUZ demuestran que al menos 229.908 personas de la etnia wayuu viven en condiciones de pobreza, siendo ésta la que tiene mayor peso poblacional a nivel nacional (según INE- censo 2011- la Guajira tiene la mayor población indígena - 88,25% - a nivel nacional). 

¿Por qué a estas alturas, luego de 17 años de supuesta "revolución", el Ministerio de Salud no da cifras exactas sobre la nutrición y la pobreza en el Zulia, ni divulga nada de estos acontecimientos terribles y no da un porcentaje de los casos que llegan a cualquier institución hospitalaria y del nivel de desnutrición y muertes de nuestros hermanos wayuu? 

Hay que darle una solución a esta problemática que tanto ha hecho sufrir a nuestros indígenas por años, que pudiéramos llamar crimen de lesa humanidad y que por lo general no tiene fecha ni hora en el calendario.

La falta de atención por parte de los organismos competentes y del gobierno nacional, ponen en jaque la vida de una comunidad que muy pronto se verá reducida a pequeños grupos. Pero lo más preocupante es que quienes terminan pagando las consecuencia de este desastre son los más pequeños, por ser los más vulnerables. 

Estamos ante un gobierno fracasado que no ha sabido gerenciar nuestros recursos y que no está dando solución al problema de la escasez, al problema del hambre en todo el territorio nacional, al trato inhumano hacia nuestros hermanos wayuu. Han profundizado la pobreza de nuestros indígenas a pesar de haber recibido grandes sumas de dinero en estos años que han estado en el poder. La única solución que vemos a esta situación es salir de este mal gobierno para comenzar la reconstrucción nacional. Ya está activado el mecanismo constitucional para ello: el referéndum revocatorio. Estoy segura que el revocatorio será exitoso porque la mayoría de este país, incluyendo a los que en algún momento simpatizaron con el chavismo, quieren un verdadero cambio y salir de la crisis generada por este régimen. Se hace necesario también levantar nuestras voces y ser ejemplo de solidaridad para con nuestros hermanos wayuu antes de que desaparezcan. 

Thaischi Molina
Dirigente de Bandera Roja-Zulia
@ThaischiC7

viernes, 29 de julio de 2016

Presentado a dirigentes sindicales y activistas de derechos humanos el Informe de PROVEA sobre la situación de los Derechos Humanos en Venezuela

Parte de la asistencia al la presentación
del Informe de PROVEA
La Comisión Nacional de Derechos Humanos de nuestro partido organizó la presentación del Informe Anual de PROVEA sobre la situación de derechos humanos en Venezuela, correspondiente al período enero-diciembre 2015, a un grupo de dirigentes sindicales, trabajadores y activistas defensores de derechos humanos. Esta iniciativa es parte de muchas otras que Bandera Roja realizará para desenmascarar nacional e interna
Gabriel Puerta, Secretario General de BR,
 instaló la actividad
cionalmente al gobierno de Nicolás Maduro que se presenta como defensor de los derechos humanos. Las cifras que podrán ver en este informe desmontan este falso socialismo y da cuenta de que estamos ante la peor estafa al pueblo venezolano en los últimos 20 años. 

La presentación del informe estuvo a cargo de Inti Rodríguez, Coordinador de Investigación de PROVEA. Pueden ver detalles del mismo aquí: INFORME PROVEA

La CTV rechaza Resolución Nº 9855 del Ministerio del Trabajo y llama desacatarla por ser inconstitucional

José Elías Torres

La Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) rechaza tajantemente la resolución Nº 9855 del Ministerio del Trabajo, de fecha 22 de julio del corriente, pues significa una brutal militarización de la actividad productiva nacional, sobre todo la referida a rubros alimenticios —y en especial en lo atinente a las relaciones laborales—, y una expresa violación de derechos constitucionales (arts. 87 y 89) y legales referidos al derecho al trabajo, contraviniendo flagrantemente principios y fundamentos de convenios internacionales referidos al trabajo forzoso (nº 29), a la contratación colectiva y a la libertad sindical (n 87 y 98).

Amparado en el Decreto 2323 de Emergencia y Excepción, el Gobierno nacional pretende atender la crisis económica de escasez, carestía y desabastecimiento, aplicando medidas propias de un régimen de facto o de una dictadura militar, pues en absoluto toma en consideración ni consulta a los sectores afectados, ya sean empresarios o trabajadores, basándose en la lógica perversa de que “mano dura” y “ordeno y mando” pueden ser la base de decisiones administrativas que —más que acrecentar nuestras capacidades productivas propias— lo que traerán es más desconfianza e incertidumbre en el pueblo trabajador.

Además, con esta inserción obligatoria de trabajadores en las áreas escogidas por el Gobierno, pretenden esconder que tanto las decenas de industrias expropìadas. como las grandes extensiones de tierra confiscadas han sido el fracaso más rotundo desde el punto de vista económico y social, evidenciado la ineficacia y la ineptitud de quienes hoy controlan la administración del país para dirigir y alentar la producción nacional. Paradójicamente, quieren apagar el incendio echándole gasolina, en una destrucción de la economía nacional que no tiene precedentes en la historia contemporánea de Venezuela.

Consideramos que el Gobierno sigue insistiendo en un camino autoritario y negando el diálogo social y tripartito, además de aplicar un paquete económico donde los asalariados somos quienes pagamos más caro los desatinos y los desafueros de esta administración. Es por ello que llamamos a las centrales y corrientes sindicales, a los gremios, a las asociaciones laborales, y a todos los trabajadores a manifestar públicamente su rechazo a esta nueva agresión contra los derechos laborales y democráticos.

Teniendo por guía el acápite 4 del artículo 87 constitucional, llamamos a desatender y desacatar cualquier decisión basada en el Decreto 9855, y el Comité Ejecutivo de nuestra confederación evalúa varias acciones jurídicas, administrativas y sindicales para enfrentar esta aberración gubernamental. Intentaremos un recurso de nulidad por inconstitucional ante el TSJ. Propondremos a la Asamblea Nacional que rechace esta Resolución y apruebe una moción de censura contra los ministros del Trabajo y de las Comunas, autores materiales de este desafuero. Denunciaremos ante las instancias competentes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) esta nueva violación de la legislación laboral nacional e internacional contra los trabajadores del país. 



Por el Comité Ejecutivo de la CTV

José Elías Torres

Director de Organización



Caracas, 28 de julio de 2016

lunes, 25 de julio de 2016

Testimonio: El pueblo dice que el único diálogo es salir del Nicolás (video).

Nuestras camaradas recogen el testimonio de una mujer caraqueña durante la jornada de protesta contra el hambre y el revocatorio. Habla una mujer del pueblo llano, de esas que hacen lo imposible todos los días para llevar comida a su familia, como muchísimas que en todo el país sufren la crisis generada por el gobierno de Maduro.  Dice que el único diálogo es el revocatorio



¡Solo con presión popular lograremos los cambios en el 2016!

¡Salgamos de Maduro!

¡Revocatorio en la calle!

¡El diálogo es el revocatorio!

jueves, 7 de julio de 2016

Solo con una firme presión popular el cambio será este año

El Gobierno de Maduro persiste en su empeño de impedir la consulta popular para revocar este desastre en que han convertido a Venezuela. Usando el chantaje, la represión, la mentira, la amenaza y la violación abierta de las leyes y de la Constitución, quieren negar el derecho que tiene el pueblo de mandar al basurero de la historia a la más grande estafa cometida en su contra.

El pueblo venezolano no aguanta más tanta destrucción, tanta agresión, tanta hambre, tanta miseria, tanta pobreza, tanta inseguridad, tanta impunidad, todas ellas peores a si estuviéramos en una guerra sin cuartel. Salir lo más rápido posible del nefasto Gobierno de Maduro es imprescindible para comenzar a atender esta catástrofe social, económica y política. Se trata de una cuestión de supervivencia no sólo para la población mayoritaria que hoy sufre todas estas penurias, sino también para nuestra condición de república independiente y soberana, para la existencia de una verdadera democracia que estimule el protagonismo social, que aúpe la autonomía popular y que respete el poder de las bases de la sociedad.

Bandera Roja convoca a todos los ciudadanos de buena voluntad, más allá de ideologías e inclinaciones partidistas, a impulsar un gran movimiento asambleístico Nacional organizado (MANO) que se convierta en la fuerza fundamental para impulsar y apalancar el referendo revocatorio en 2016. Que a su vez sea la base de la reconstrucción nacional para plasmar en la realidad los deseos de que el cambio de Gobierno también sea un cambio de régimen que apuntale la producción nacional, que dignifique el trabajo, los salarios y los sueldos, que valore el estudio, la investigación y la laboriosidad, que promueva una nueva ética del esfuerzo y la probidad, en fin, que la construcción de una nueva democracia vaya aparejada con la prosperidad y el bienestar de las mayorías nacionales.

Ni siquiera los sectores vacilantes y conciliadores que anidan en la oposición podrán torcer la decisión y la fuerza de un pueblo decidido a cambiar. El único diálogo posible hoy es el que pueda ahorrarnos más sangre y más tragedia en nuestro afán para salir de Maduro. No caben aquí cálculos partidistas o individualistas para tomar una mejor tajada en las nuevas circunstancias. Hace falta una dirección política que tenga el aliento histórico y la fuerza moral para desmontar este régimen militarista y autoritario. El cambio tiene que ser civil y civilista.

El impulso de asambleas populares, asambleas de ciudadanos, asambleas obreras y estudiantiles, de maestros, profesores, médicos, ingenieros, pobladores, etcétera, es lo que puede permitir no sólo enfrentar exitosamente las barbaridades de este Gobierno decadente, sino también prepararnos en el conocimiento profundo de la grave crisis que nos sacude y elevar nuestra disposición a asumir los retos que nos exige la necesaria transformación de esta dramática realidad.

Entretanto, tenemos la obligación de canalizar positivamente la gigantesca pro-testa espontánea que nuestro pueblo hoy despliega valientemente contra el hambre y la inseguridad, por trabajo decente y salarios dignos, por salud y educación. Llamamos a los sindicatos, gremios, asociaciones y consejos comunales, federaciones estudiantiles y gremios profesionales, a aunar esfuerzos en la realización de una gran Marcha contra la Hambruna y por el Derecho a la Vida que detenga el paquete hambreador del Gobierno.

Pese a las constantes tretas y obstáculos del oficialismo, culminar los pasos para realizar el revocatorio en 2016 no será algo extraordinario si asumimos el cambio de gobierno con la amplitud y grandeza de una gesta de carácter histórico, sin sectarismos y sin mezquindades. Son sólo en unas cúpulas mafiosas donde debemos concentrar el fuego de la crítica.

¡Basta de hambre y represión!
¡Basta de Nicolás!
¡REVOCATORIO YA!


Por la dirección nacional de Bandera Roja
Gabriel Puerta Aponte / Secretario General
Carlos Hermoso / Secretario General Adjunto


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miércoles, 6 de julio de 2016

La UJR Monagas desde los barrios de Maturín: Es momento de organizarse y luchar junto al pueblo

Dirigentes de la UJR Monagas en
los barrios de Maturín
La crisis económica, política y social venezolana se agudiza minuto a minuto y las nefastas consecuencias que provoca tienden a profundizarse, hasta el punto de superar cualquier límite preestablecido y vernos en la necesidad de declararnos en emergencia y solicitar ayuda humanitaria de otras naciones, buscando atenuar la grave situación de hambruna e insalubridad que vive el pueblo venezolano. La necesidad pasó a ser la orden del día.


Así lo plantean Mauro Sabolla y Nabil Cañas Secretario General y Secretario General Adjunto de la Unión de Jóvenes Revolucionarios, juventud del Partido Bandera Roja, respectivamente, en compañía de los Miembros del Consejo Comunal y la Comunidad de Las Piñas de la Parroquia Boquerón. 


Denuncian la negligencia, la exclusión y el sectarismo en la distribución de las bolsas de comida por parte de quienes dirigen los llamados CLAP. “Los CLAP son usados como mecanismo de control y de abuso para favorecer en la venta de las bolsas de comida a quienes militan en el PSUV. Mientras el pueblo muere de hambre por culpa de un gobierno inepto, indolente y autoritario, estos señores juegan con las necesidades más sentidas de la gente. La mentiras y la hipocresía de este gobierno han quedado al descubierto, reprimen a la gente que protesta en las calles ante los gravísimos problemas que hoy vive el país" sostuvo el dirigente juvenil Mauro Sabolla”


“Estamos ante el descalabro más grande que ha vivido nuestra nación. La destrucción del aparato productivo a su máxima expresión, la corrupción y el derroche de la fortuna petrolera, la entrega de nuestra soberanía a potencias imperialistas, la insuficiencia de los centros de salud, la escasez y desaparición de productos de la canasta básica, la degradación de nuestras instituciones educativas, la hambruna desatada en todos los hogares venezolanos son consecuencias de la política gubernamental antipopular y antiobrera que nada tiene de revolucionaria y menos socialista. Todo esto ha provocado el descontento generalizado de las masas y sectores populares, en su mayoría aquellos que eran afectos al gobierno de turno. Este descontento se expresa cotidianamente con protestas sociales por comida que ha llevado a saqueos de establecimientos. Lo que hay es hambre en nuestro país y en nuestro estado", agregan los dirigentes.

Denuncian que la distribución de las bolsas de comida la hacen cada 2 meses en los sectores de Las Piñas, Palo Seco y zonas aledañas en vez cada 15 días, poniendo en "jaque" la alimentación de la población, especialmente la de los niños y ancianos. Exigen que quienes dirgen los CLAP dejen la mentira y cumplan con lo anunciado: distribuir la comida quincenalmente y con suficientes artículos;. Asimismo exigen que cese la represión contra el pueblo y la criminalización de la protesta.

Por último plantean que solo con la organización popular a través de las Asambleas Populares, autónomas, sin injerencia del gobierno ni de cúpulas partidistas, podrán constituirse un poder de base, un verdadero poder popular para impulsar los cambios que el pueblo anhela y enrumbarse hacia la reconstrucción nacional.

sábado, 2 de julio de 2016

Declaración del Movimiento de Educadores Simón Rodríguez: Repudiamos la represión al movimiento magisterial en México.

El gobierno mexicano impone a fuerza de balas la reforma educativa. Llamamos al magisterio venezolano a elevar nuestra voz de protesta y a manifestar su solidaridad

Expresamos nuestra absoluta solidaridad a la lucha que hoy libra el magisterio mexicano contra la reforma educativa que abre las puertas a la privatización y elimina la educación popular. Pero además manifestamos nuestra mayor repulsión y condena a la brutal represión del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, que deja como saldo 13 muertos, decenas de educadores heridos y detenidos, quienes protestaban el 19 de junio 2016 en Nochixtlán de Oaxaca contra dicha reforma educativa. Desde Venezuela decimos que un gobierno que practica la violencia contra los educadores y su pueblo merece nuestro total repudio. Solo en las dictaduras se contesta con balas a las protestas populares.

La lucha del magisterio mexicano merece nuestra atención, de allí que hacemos algunas consideraciones:

1. Desde hace mucho tiempo el magisterio mexicano viene dando diversas luchas contra las reformas educativas que los gobiernos de México impusieron sin tomar en cuenta la opinión de especialistas, docentes y ni del pueblo. Lo que sucedió esta vez en Oaxaca es expresión de la rebeldía magisterial por la aplicación de una reforma que constriñe los derechos y la estabilidad laboral de los profesionales de la educación. Esta reforma no entiende a la educación como una política de Estado pues minimiza su papel en los ámbitos de la dirección, evaluación, control profesional y el financiamiento de la educación.

2. En 1998 el sector de educación básica de México venía siendo impactado por el Tratado de Libre Comercio. La principal medida del mismo fue la descentralización educativa, mediante la cual se trasladó la administración de la educación primaria, secundaria y normal a los gobiernos estatales. El objetivo que estaba a la zaga era limitar la responsabilidad del gobierno federal (gobierno central) del financiamiento de la educación y trasladárselo a los gobiernos estatales y municipales, pero también trasladar a los padres de familia y a las comunidades la responsabilidad del mantenimiento de las escuelas e instituciones educativas. En 2001 el magisterio mexicano venía siendo víctima de la aplicación de una política de flexibilización laboral, trayendo consecuencias nefastas en la lucha por conquistar un salario decente, la formación y el mejoramiento académico del docente.

3. La reforma educativa que rechaza el magisterio mexicano tiene una concepción privatizadora de la educación. La parentocracia o la educación societaria (política del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial) ronda por América Latina reduciendo el papel de los Estadosen el financiamiento y atención de la educación de los pueblos. Lo que la reforma presenta como “autonomía de gestión”, no es más que generalizar la autonomía financiera, trasladar la dirección y gestión de los establecimientos educativos a la comunidad educativa. Para este 2016 el gobierno mexicano redujo en 3 mil 660 millones el presupuesto de la Secretaría de Educación Pública, lo que representa el incumplimiento del Estado de los Convenios Internacionales suscritos con la UNESCO sobre invertir más en la educación de América Latina y el Caribe.

4. La reforma educativa que impugna el magisterio mexicano plantea nuevas formas de control del trabajo del maestro e implementa medidas que acaban con la estabilidad laboral. 

5. Esta reforma educativa responde al modelo neoliberal que se viene aplicando en el mundo por las potencias económicas para profundizar su poderío y control. La experiencia en la aplicación de este modelo en el sector educativo en los países de América Latina ha evidenciado un fracaso rotundo, expresado en la baja calidad de la educación y cierre de escuelas, entre otros indicadore. Esos son también los resultados de la experiencia en Nicaragua, Salvador, Guatemala, Honduras. Cabe mencionar que en Venezuela se vienen dando pasos agigantados sobre los cambios de la normativa dentro de un supuesto proceso de transición que lo señala la propia Ley Orgánica de Educación aprobada en el 2009. Las categorías que ya se manejan como "corresponsabilidad" y la utilización manipulada de la “participación protagónica del pueblo” nos indican que en Venezuela se aplica a cuenta gotas la política que hoy el magisterio mexicano protesta. 

Por eso, estamos con el magisterio mexicano, nos hacemos solidarios con sus luchas, que son las mismas luchas de los pueblos que quieren libertad. Defender la soberanía de los pueblos es defender con pasión y convicción la educación democrática y libertaria. 



Movimiento de Educadores Simón Rodríguez