Por Jesús Noel Hermoso F. (X: @Jesus_Hermoso)
Si algo puede establecer frontera para reconocer que la maldad ha transgredido lo “aceptable”, es cuando se aplica sobre el cuerpo y/o la vida de un niño. El maltrato a la niñez es la vileza más abyecta e injustificable que pueda haber. Trasciende la maldad y nos parte en dos el corazón.
Lo conocido sobre las torturas contra adolescentes y jóvenes encarcelados y convertidos en presos políticos tras las protestas populares del 28 al 30 de julio, luego de la no publicación de resultados oficiales, es realmente sórdido. Chamos con pulsiones suicidas, afectaciones neurológicas posiblemente irreparables, pérdida de dentadura, de salud en general, de peso y otras indecibles torturas -aplicadas o permitidas por el Gobierno-, ha trascendido todo parámetro que tengamos sobre la maldad.
Y a estos actos de crueldad, aplicados a los más de 200 adolescentes secuestrados y a centenares de jóvenes más, muchos incluso sin ninguna relación real con las protestas, se le suma una nueva e irreparable villanía: la supresión de su derecho a la Educación. De acuerdo con Foro Penal, 68 adolescentes siguen encarcelados como adultos.
En cada salón faltará un alumno
El inicio del año escolar trae consigo una nueva pena para los docentes, además de estar en más del 50% del gremio por debajo de la línea de miseria, como detalla el Observatorio de DDHH de la ULA. Quienes han impartido educación en los años precedentes a estos adolescentes y jóvenes encarcelados, los embargará el dolor de no poder ayudarlos a continuar su educación y avanzar en alguna profesión.
En días recientes se realizaba un encuentro de los maestros del Movimiento de Educadores Simón Rodríguez (MESR) en Caracas y entre los asuntos que debatieron estaba el punto de los chamos encarcelados. Tristeza e impotencia daba la narración de los horrores que han vivido. Y la conclusión fue sin duda la de divulgar cada violación de derechos y hacerse eco de sus penurias. Incluso a costa del riesgo propio. Para que la sociedad venezolana y el mundo todo conozcan la verdad.
Raquel Figueroa, maestra jubilada y fundadora del MESR me explicaba luego del evento que, a propósito del inicio del año escolar 2024-2025, “la mayoría de estos chamos y chamas acaban de salir o están en su último año de graduación. A muchos les toca entrar a la Universidad o graduarse. No podrán. Ser presos políticos les va a impedir continuar su educación, establecida en la Constitución nacional como obligatoria”.
Figueroa recuerda que “entre los tres derechos elementales que atiende el Sistema de Protección de NNA venezolano, está el derecho a la Educación, dada la importancia que tiene para la infancia y adolescencia. Es parte fundamental de los avances en materia de protección a los NNA y ha sido vulnerado. Ni hablar del de Integridad Personal y el Derecho a la Vida Digna, evidentemente pisoteados por la prisión”.
Y es que estos jovencitos ni siquiera entienden claramente los delitos que les imputan. “Mamá, ¿qué significa fascista?, preguntaba hace poco un chamo de 16 años. Este chamo es un prospecto beisbolista y fue detenido la noche del 30 de julio en una cancha de la urbanización La Isabelica, en Valencia.
¿Graduarse encarcelados?
Pedro García, docente miembro del MESR y dirigente de los maestros jubilados de Caracas me explicó, luego del evento, que el artículo 103 de la Constitución nacional garantiza la educación pública, gratuita y obligatoria, para todos los niveles básicos de la educación pero, además, tiene en su redacción una exigencia que “debemos hacer valer”.
En ese mismo artículo se dice que: “La ley garantizará igual atención a las personas con necesidades especiales o con discapacidad y a quienes se encuentren privados o privadas de su libertad o carezcan de condiciones básicas para su incorporación y permanencia en el sistema educativo”.
Esta debe ser una demanda que familiares, amigos y en particular los docentes del país deben hacer al Gobierno y a las organizaciones nacionales e internacionales que atienden esta población etaria, a las organizaciones ocupadas de la niñez, la adolescencia y la juventud en general.
Difícilmente permitirán la prosecución académica de estos chamos, pero hay que exigirla. Además de la Constitución, transgreden la Lopnna, que establece en su artículo 53 que: “Todos los niños, niñas y adolescentes tienen el derecho a la educación gratuita y obligatoria, garantizándoles las oportunidades y las condiciones para que tal derecho se cumpla, cercano a su residencia, aun cuando estén cumpliendo medida socioeducativa en el Sistema Penal de Responsabilidad del Adolescente”.
Aporofobia y pedofobia, política de Estado
El encarcelamiento de estos chamos no solo se limita a la violación de sus derechos, una pedofobia velada, sino que dispara directo al corazón de la sociedad venezolana, afectando los derechos socioeducativos de cientos de adolescentes. Es, en sí, un acto inocultable de extrema maldad.
Pero ocurre que son, en el 100% de los casos, chamos de escasos recursos. A la pedofobia se le suma la aporofobia manifiesta de una boliburguesía encumbrada sobre una escalera de maldad, que los ha sometido previamente y durante su corta vida, a condiciones indignas de existencia y de crecimiento.
¿Qué docente venezolano no sentirá en cada liceo de la República la ausencia de chamos y chamas que estaban por graduarse, y que los están privando de por vida y por adelantado del derecho a continuar su educación, así sea precariamente?
Toda la violencia que puede aplicar un Estado todopoderoso, se está aplicando sobre el débil. Principalmente sobre nuestra descendencia. Esto no puede merecer perdón. Mucho menos cuando es aplicada por el injustificable deseo de mantener una mentira, a costa de la humanidad de los más inocentes y los más necesitados.
