lunes, 29 de diciembre de 2014

La catástrofe chavista y cómo enfrentarla en 2015

Una reflexión para finalizar el año

Una gran catástrofe se cierne sobre Venezuela. Era fácil preverlo. Es el resultado de una política destructiva. Una política que frena de manera muy clara el desarrollo de las fuerzas productivas materiales de nuestra economía, mientras profundiza la dependencia y la entrega de la soberanía nacional. Su expresión clara se observa en el desmantelamiento de buena parte del aparato productivo nativo y en la conversión de Venezuela en mercado para otros países, al sustituir la producción nacional por productos importados, al convertir la riqueza nacional en gasto para importación, o sea, traspasar el excedente petrolero a los grandes ricos, a la oligarquía financiera nacional e internacional. La inversión productiva, por su parte, se deja a un lado para acelerar el desmantelamiento. Y todo esto apartando la corrupción, que alcanza niveles que hacen parecer —según el decir de un exsecretario general de AD— como “roba-gallinas” a los gobiernos del período bipartidista.

A Estados Unidos se le suman otros imperialismos como China y Rusia como proveedores de bienes finales en áreas importantes. Brasil y en general Mercosur proveen su parte y sacan ganancias extraordinarias a costa de las compras venezolanas. China, por lo pronto, es el principal beneficiario.
En el mejor de los casos se logró atemperar el drama de la pobreza por un tiempo breve, mientras alcanzaban las divisas para brindar las dádivas. Argumento que sirve a muchos chavistas de “izquierda” para justificar su inclinación, aunque olvidan dos cosas: en primer lugar, disminuir un tanto la pobreza no significa cambio de nada, no significa cambios en las relaciones sociales de producción; por el contrario, como en el caso que nos ocupa, se puede disminuir la pobreza afianzando las relaciones de producción y de cambio capitalistas, así como las relaciones con el imperialismo que dejan como resultado la dependencia con respecto a nuevas potencias que determinan nuestra circunstancia. En segundo lugar, esta ampliación de la demanda efectiva —diría un economista keynesiano— ciertamente atempera la miseria circunstancialmente, y en lo fundamental sirve para garantizar la realización de los bienes importados. Además de a una parte de la población pobre, se beneficia a sectores con capacidad de compra de electrodomésticos, automóviles —entre otros artículos importados masivamente durante un tiempo a un dólar sobrevaluado— y sobre todo a quienes se vincularon desde las altas esferas del gobierno con el jugoso negocio de las importaciones con dólares preferenciales a 6,30 bolívares por dólar, cuya distracción permitió ganancias superlativas, usando ciertamente parte de esas transferencias para importar bienes que luego serían vendidos a precio muy por encima de lo importado.

De esta manera se desarrolla una política que nada tiene que ver con algún cambio verdadero, solo modificaciones nominales y aparentes. Dirigiéndonos a algunos incautos que de buena fe siguen apoyando este adefesio político que llaman “proceso” —víctimas en muchos casos del resentimiento y del engaño revisionista— queremos recordar una frase del Che: “Luchamos contra la miseria pero al mismo tiempo luchamos contra la alienación”. Luchar contra la alienación, para decirlo de una manera que no se preste a ninguna confusión, es luchar contra la explotación. Es crear relaciones de producción en las que el obrero no sea despojado de la riqueza que crea en forma de plusvalía. Lo demás puede evidenciarse, en el mejor de los casos, como reformas, que ni siquiera es lo que sucedió en nuestra economía. Con la agudización de la crisis, la miseria alcanzará niveles cada vez más elevados luego de una política de dádivas para ganar adeptos y sustentar la política económica que a la postre favorece a la oligarquía.

La catástrofe comienza a manifestarse. Sus consecuencias se vienen desarrollando. Es fácil establecer que la inflación cerrará este 2014 en más de 70%, siendo en alimentos y bebidas mucho más que 100%. La recesión debe ubicarse en –4% según cálculos de diversos sectores. Por su parte el gobierno ya reconoce que el crecimiento será negativo y mayor de –1%. Para el próximo año las cosas serán mucho más drásticas. Recesión con hiperinflación es la perspectiva. Los ingresos caerán a mínimos históricos dada la caída del precio del crudo que se pudiese ubicar en menos de 60 dólares el barril. Las reservas internacionales —que han sufrido el impacto del comportamiento del precio del oro a la baja y la del petróleo— conducen a una sequía que impedirá mantener los niveles de importación de bienes como hasta 2013. La caída de la producción de riquezas expresadas en el producto interno bruto, que ya les resulta innegable, se verá empujada por la escasez. Menos demanda, menos producción. Menos dólares para importar, menos producción. Así, 2015 resulta un período bastante largo por el drama que puede resumir de escasez, desabastecimiento, inflación, recesión, desempleo y especulación desenfrenada, que derivarán en un descontento que debemos disponernos a dirigir y a encauzar.

El gobierno se prepara para enfrentar esta situación, en medio del drama de la división interna y la pérdida de respaldo popular, con medidas que harán más difíciles las condiciones de vida de la gente. Aumento de los impuestos, de la gasolina, junto a la reducción del gasto social, principalmente educación, salud y vivienda, como mecanismo que permita reducir la brecha fiscal. Junto a las consabidas medidas económicas, el gobierno blande sus armas como anuncio de que descargará la represión contra quienes osen enfrentarlo. Mientras, por lo pronto, la gente busca subsistir para acumular fuerzas para una nueva expresión de rebeldía. La gente, de una u otra inclinación, se mantiene a la expectativa frente al desarrollo de los acontecimientos. Sin confiar ya en promesas y en demagogos de las diversas aceras, comienza a entender la naturaleza de la situación. Este conocimiento incipiente se verá obligado a dar saltos agigantados en distintos terrenos.

Este escenario encuentra una oposición dividida entre un sector que parece dolerle el régimen chavista —pues hace esfuerzos por salvarlo, tenderle salvavidas y cobrar por la ayuda— y una oposición dispuesta a asumir la dirección política y ser alternativa de cambio, que acepta el reto responsablemente de ponerse al frente de la protesta popular, de trabajar por la unidad política y, a la par, la unidad social de los distintos sectores en defensa de sus derechos y por la reconstrucción nacional.

Por su parte, el gobierno y los factores políticos que han sido su sostén también se encuentran divididos. En las alturas, la división entre las dos grandes canonjías —mafias, para ser más explícitos— parece sufrir un embate a propósito de la reconfiguración de los espacios del poder político. Derivación, claro está, de las cuotas en torno del reparto del botín. Contradicciones que son el resultado de dos cuestiones vitales para el régimen: de una parte, se ha menguado la riqueza esperada dada la caída del precio del crudo; de otra, afrontar los tiempos catastróficos genera dudas de un sector en relación con el otro. Entretanto, las mafias menos importantes tienden a alinearse en torno de una u otra. Pero de igual manera se aprecian claramente las divisiones en la estructura político-partidista del llamado Polo Patriótico. En el seno del PSUV, sobre todo luego de las elecciones internas, la desconfianza, las zancadillas, los reacomodos y las imposiciones parecen no concitar voluntades en defensa del proceso, y en ese transcurrir las simpatías por el régimen, por el PSUV, por sus liderazgos, se encuentran en franco retroceso. La descomposición del régimen —e incluso del Estado en tanto tal— comienza a hacerse más patente y podría ser la expresión más acabada de la situación que sufre el chavismo. En medio de una crisis económica creada por sus políticas antinacionales, la inflación, la escasez y el desempleo, principales problemas sociales, no pueden ser exculpados de su responsabilidad con “guerras económicas” inventadas o fantasías como la conspiración internacional. La fraseología “revolucionaria” no puede esconder las consecuencias de una política que devastó la economía y dividió a los venezolanos, mientras favorecía a los poderosos de siempre y creaba nuevos oligarcas  boliburgueses.

El descontento indefectiblemente tendrá el signo político que significa enfrentar este estado de cosas. Plantear cambios de verdad para una sociedad que se desmorona y que debe ser reconstruida sobre nuevas bases. Una nueva democracia de participación verdadera de la gente en la toma de decisiones. Una nueva economía que atienda las necesidades sentidas de la población y tenga como meta inmediata una revolución industrial para garantizar la independencia y autonomía nacionales. Una política económica que enfrente la urgencia y a la vez siente las bases para el futuro. Una política social que de verdad atienda los requerimientos de salud, educación y vivienda.

La plataforma de luchas de los venezolanos —de los trabajadores, los estudiantes, de la gente necesitada en defensa de sus derechos, por la libertad de la organización popular de los distintos sectores— debe estar articulada a un programa político por la reconstrucción nacional. A su vez, las luchas sociales y políticas deben sustentarse organizativamente en asambleas donde la gente participe democráticamente y debata sobre los grandes problemas nacionales, la alternativa por la reconstrucción, los problemas concretos y la manera de enfrentarlos, la organización y las formas de lucha. Las asambleas deben integrarse, como en efecto se viene haciendo, en los distintos sectores, estudiantiles, laborales, magisteriales, a escala municipal, estadal, regional hasta encontrar en el Congreso Nacional por la Reconstrucción un momento en el cual se articulen las fuerzas por el cambio.

La catástrofe inminente que se cierne sobre Venezuela podrá ser un episodio donde la ciudadanía haga valer su disposición al cambio por un mundo mejor, o —en caso de derrota para las fuerzas del progreso, de la democracia y del cambio revolucionario— el tránsito hacia un mayor cercenamiento de las libertades democráticas, hacia formas más abiertas de dictadura gorila. En cualquier caso será un episodio para el combate. De confrontación entre el moribundo pero altanero despotismo chavista y las fuerzas del cambio verdadero. No hay espacio para la neutralidad o la vacilación. Las condiciones de los venezolanos y su futuro reclaman la mayor disposición para la pelea.

Carlos Hermoso
29 de diciembre de 2014


domingo, 28 de diciembre de 2014

Zonas Económicas Especiales: paraísos de explotación neoliberal

Entre las muchas leyes aprobadas por el iletrado de Maduro -en forma apresurada- por la vía habilitante figura la creación de las Zonas Económicas Especiales (ZEE) en el país. Esta ley autoriza al régimen a la creación de estos paraísos de explotación capitalista salvaje en el territorio nacional, cuya soberanía será cedida al control del inversionista extranjero. En los espacios territoriales a ser ocupados por las ZEE las leyes de la República serán sustituidas por otras más “afines a la conveniencia“ de los inversionistas extranjeros. Las ZEE ofrecerán como incentivos: reducción o excepción en el pago de impuestos, flexibilización laboral (mano de obra barata), libre exportación de capitales, importación de equipamientos y materias primas libre de aranceles, etc. Además el Estado se compromete a la construcción de las infraestructuras necesarias en materia vial, de acometidas de agua y electricidad, de telecomunicaciones, de servicios sanitarios, etc. En resumen serán edenes al servicio del gran capital transnacional como ha sucedido en China, Taiwán, India, México (maquiladoras), Egipto, Guatemala, Republica Dominicana, Kenya, Zambia, Honduras, y El Salvador entre muchos otros países.

La creación de las ZEE como estrategia equivocada de desarrollo económica no es nada nuevo y no constituyen ningunos emporios de desarrollo socialista como falazmente afirma el régimen de Maduro. Países como Taiwán y la India fueron los pioneros en esta modalidad con la creación de las zonas de Kaoshiung y Kandla (1965). Años más tarde las mismas formaron parte de las reformas introducidas por el hoy fallecido líder chino Chen Yun (1905-1995), uno de los padres intelectuales del “socialismo de mercado” chino. Reformas que hoy son consideradas como el punto de inflexión que dio pie a las transformaciones que llevaron a China a convertirse en una potencia capitalista.

En China se ha dado la restauración del “odiado capitalismo del pasado”, bajo la regulación de un estado fuerte y represor, a la sombra del cual jerarcas de la burocracia se han hecho millonarios surgiendo así una potente burguesía china, mientras la clase trabajadora sufre una explotación salvaje a manos de las corporaciones extranjeras y las empresas nacionales. China hoy por hoy es un país capitalista, que se rige bajo las leyes del mercado, exportando sus excedentes de capital financiero a países pobres, tal como lo hace cualquier potencia imperialista.

La transformación de la China no capitalista, en la China del dólar ha sido impresionante. En el año 1998 el sector público abarcaba el 57% de la economía china (excluyendo la agricultura), mientras que para el año 2001 ya el sector privado superaba al público: 61,8% privado versus 38,2% público y el año 2011 la propiedad privada representaba 70.5% de la actividad económica. Lo que comenzó a principios de los años 80, como una "apertura de mercado" mediante las ZEE, se convirtió en torrentes en las décadas siguientes. La inversión extranjera, que era casi inexistente antes de 1978, fluyo masivamente gracias a las ZEE, llegando a convertir a China en el segundo gran receptor de inversiones extranjeras del mundo, después de los EE.UU. En China existen 63 mil transnacionales entre las que se encuentran: Nike, Dell, Abbott, Chebron, Alcoa, Amcor, American Amtex, Amoco, Eastman Chemical, Ericsson, Exxon, etc. Todas ellas operan disfrutando de las prebendas que les proporciona el régimen de Pekín y su socialismo de mercado.

La aprobación de la Ley que faculta a la dupla Maduro-Cabello el establecimiento de ZEE en el país representa el establecimiento de nirvanas de super-explotación neoliberal, donde el trabajador deberá cumplir largas jornadas laborales, donde no existirán sindicatos (como en muchas dependencias y empresas del Estado), ni dispondrán de seguridad laboral. Sufrirán las formas más infames de flexibilización laboral en nombre del socialismo bolivariano. Serán una versión caribeña del ya desprestigiado modelo chino y su equivocada teoría del goteo (el desarrollo de las ZEE incidirá en las regiones con menor progreso). Hoy sabemos que detrás del éxito económico chino se oculta una grotesca superexplotación de los trabajadores y una repugnante acumulación de riqueza por parte de las transnacionales.

La política económica antinacional de la dupla Maduro-Cabello, reflejada en los ZEE, conlleva a la creación de grandes centros de maquila en el país, al servicio de las multinacionales y bajo el férreo control de un Estado autoritario y represor. Las ZEE encarnan el más despreciable neoliberalismo e injusta distribución de la riqueza en nombre de un supuesto socialismo que cercena los más elementales derechos de los trabajadores y profundiza su explotación.

Detrás de los "paraísos" prometidos por el fachochavismo se ocultan muchos infiernos Dantescos.


José R. López Padrino M.D. Ph.D.
Professor
Molecular Biosciences  
School of Veterinary Medicine
U.C. Davis

sábado, 20 de diciembre de 2014

Bandera Roja saluda el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre EEUU y Cuba


Por más poderosa que sea, una nación no puede impedir las relaciones fraternales entre los trabajadores de todos los países del mundo
Bandera Roja saluda el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre EEUU y Cuba

El Comité Político Nacional de Bandera Roja saluda como algo positivo el que se hayan restablecido las relaciones entre los gobiernos de Estados Unidos y ‎ Cuba. Consideramos que esta histórica decisión crea un nuevo escenario en las relaciones de respeto entre las distintas naciones del mundo, que bien puede permitir la reivindicación de la soberanía nacional de cada país.

El acuerdo entre La Habana y Washington va acompañado de una declaración del Ejecutivo estadounidense en la dirección de terminar el bloqueo económico contra el pueblo cubano, decisión que compete al Congreso del país norteño. Desde nuestra fundación en 1970 hemos denunciado dicho bloqueo como parte de una política imperialista que buscaba degradar las condiciones de vida del pueblo cubano y quebrar su determinación de abrirse caminos propios e independientes. El combate a este bloqueo y la solidaridad con el pueblo cubano han concitado el apoyo de todos los pueblos del mundo que hoy ven con fundadas esperanzas el fin de una medida que ha afectado sensiblemente la vida de los cubanos. La historia ha demostrado que esta medida punitiva de parte de la primera potencia mundial no ha servido para generar cambios en la isla de Cuba y más bien ha sido convertida en excusa para sostener indefendibles retrocesos en el régimen político de libertades a lo interno de esa nación hermana. Solo a los cubanos les corresponde realizar los cambios políticos, económicos y sociales en la isla, sin injerencia de ninguna nación y en el marco del principio de autodeterminación de los pueblos.

Bandera Roja aboga porque dicho bloqueo llegue a su fin, en momentos en que se propician políticas similares en las pugnas entre las potencias imperialistas, lo que augura su reivindicación como arma política cuyo efecto colateral lo sufren los pueblos de los países bloqueados. Por más poderosa que sea, una nación no puede impedir las relaciones fraternales entre los trabajadores de todos los países del mundo aunados en la lucha contra la explotación y el dominio imperialista, en la solidaridad entre los pueblos y la paz mundial.  

Como cuestión de principios, siempre nos hemos opuesto al reparto del mundo en áreas de influencia o control geopolítico, a la sujeción del avance y desarrollo de los pueblos a los intereses de las grandes potencias mundiales y a la resolución bélica de los conflictos entre las naciones.

Desde Bandera Roja abogamos porque este restablecimiento de relaciones diplomáticas entre EEUU Cuba signifique un nuevo escenario en que los pueblos cubano y estadounidense afiancen sus relaciones de solidaridad, apoyo e intercambio beneficiosas para ambos en sus luchas contra la explotación y en defensa de las libertades democráticas.

Comité Político Nacional
Partido Bandera Roja

sábado, 29 de noviembre de 2014

Los esquiroles "bolivarianos", por Víctor Partidas

El congreso de esquiroles oficialistas realizado el pasado lunes 17 de noviembre no podía tener una ceremonia final sin la presencia estelar de un representante de la más importante patronal del país: la jefatura del gobierno.

Ha sido el propio presidente Maduro el encargado de resumir en el discurso final el alcance de las novedosas tesis de la sumisión y genuflexión de la clase obrera frente al gobierno y el Estado, con el adorno de la dirigencia oficialista artificialmente montada en la CBST y disfrazada de milicos para cumplir su triste papel de tratar de arrodillar a los trabajadores y someter conrepresión el descontento generalizado que se extiende en las bases del movimiento laboral del país.

Este evento en sí mismo tiene significación histórica: esos experimentados esquiroles han hecho gala de su decisión de contribuir con la errática y destructora política económica, totalmente en contravía del bienestar del pueblo, y han ratificado como positiva la orientación de tal rumbo. Desmienten incluso a algunos de los propios teóricos artífices del desastre económico,quienes dada la magnitud del caos han entrado a reflexionar sobre el tema haciendo una autocrítica, aunque aún muy tibia. En una caricatura de guerra que nos pinta el gobierno, el enemigo es el bodeguero, los desempleados, ahora bachaqueros del barrio, que especulan gracias al desempleo y al desabastecimiento y escasez que ha fomentado el propio régimen. En esa caricatura de guerra el enemigo son los trabajadores que reclaman y protestan porque cada día que pasa son peores las condiciones en que están obligados a vivir. Los aliados en esta santa cruzada son el gobierno y ellos: los esquiroles.

Resulta que la verdadera guerra económica existe, en ella estamos hace rato y este gobierno es socio predilecto de quienes la vienen ganando: los banqueros de la oligarquía, los boliburgueses y las transnacionales, especialmente los capitales transnacionales chinos. Guerra bien ganada, bajo la táctica disuasiva de la dependencia y destrucción de la capacidad de producción nacional de bienes y servicios, más el descomunal endeudamiento del país, cuestión que ha profundizado el régimen con su política. Tal guerra la padecen y la pierden los venezolanos, y todos los análisis indican que la van a sufrir peor los trabajadores en los días por venir. Peor todavía es la hipoteca a futuro de las riquezas de la patria, a cambio de dólares frescos para el populismo; cosa que embarga a las generaciones que aún no han nacido. Estos congresistas del colaboracionismo no debatieron nada sobre esta crisis, para ellos no existe. Lo que hay es "guerra económica" y en ella están del lado del gobierno que, según dice el propio Maduro, la vienen venciendo, entonces están definitivamente del lado de los ganadores. Su contribución, de no ser gratuita, es simplemente miserable y las bases obreras eso lo entienden cada vez con más claridad, cuando cobran el salario y van al mercado. Entonces, mientras el gobierno y sus esquiroles dicen que ganan, los obreros, los trabajadores en general, sienten en carne propia que pierden.

Este congreso es histórico porque avanzó más allá de lo clásico: la declaración de objetivos o propósitos. Demandó medidas concretas y leyes. Ni más faltaba: lo lograron.

Maduro ha anunciado medidas concretas y leyes. Medidas concretas es el incremento del precio de la gasolina: en una economía devastada como ésta, todo lo que se trae de afuera se traslada internamente, en alto porcentaje con gasolina. Más con un sistema de transporte y servicio público colectivo caótico como el existente, la gasolina y su precio inciden, pero incidirán más e incrementarán más la especulación, y esto lo pagarán como siempre los trabajadores. Medidas concretas tendremos en el incremento de impuestos que pagaremos los trabajadores en los bienes básicos para vivir: más impuestos, más sacrificio para el pueblo.

Por otra parte, en la historia del movimiento de trabajadores desde el surgimiento del sistema capitalista con sus ciclos de crisis inherentes, este se ha batido por la abolición de las leyes que amplían y refuerzan el sometimiento a la explotación de la clase obrera en favor de propiciar beneficios al capital. No es otro el espíritu de la ley en el marco de este modelo de producción capitalista, es en esencia el fundamento del éxito del modelo en estos días de liberalismo vestido com pomposos trajes de "socialismo del siglo XXI". Pues este fastuoso congreso marca un hito contradictorio con toda esa historia de lucha, cuando promueve y celebra los dictámenes de leyes que obligan a los trabajadores a alistarse en brigadas de orden para que, montados en las ruinas de la infraestructura industrial y agrícola del país, reviertan a punta de represión los dramáticos resultados que el gobierno genera cuando pacta los convenios con sus socios extranjeros en detrimento de la producción nacional.

Los congresistas oficialistas no solamente han promovido los dictámenes de ley, sino que se han alistado a la función policial para su cumplimiento, jurando reprimir a sus propios hermanos de clase en pos de los objetivos del gobierno. Eso es el colaboracionismo en el siglo XXI, cuya distancia histórica no impide su similitud con los papeles ejercidos por los esquiroles colaboracionistas a lo largo de los regímenes despóticos de toda laya en diversos rincones del mundo.

Ahora bien, este histórico congreso no debatió para nada aspectos cruciales de interés para la clase trabajadora. La sacrosanta ley que defienden los dirigentes oficialistas contempla que los ahorros de prestaciones sociales son de liquidación inmediata, pero la deuda del Estado con los trabajadores, que hoy alcanza cifras que rondan los 60 mil millones de dólares, no se discute, para eso no se exige cumplimiento de ley y la impunidad del Estado se perpetúa, mientras muchos trabajadores fallecen en la espera y esa dirigencia calla. No se les ocurrió a los deliberantes de la genuflexión y colaboración contra la clase una fórmula para detener la caída libre de la capacidad de compra del salario, en una economía de inflacion crónica que tiende a ser más aguda y creciente, cosa que no detendrá la montaña de leyes que promulga Maduro montado en su Habilitante.

Tan grave situación para los trabajadores venezolanos reclama en lo inmediato la acción de la auténtica dirigencia gremial y sindical para emprender las luchas con la suficiente fuerza para frenar los atropellos a las condiciones mínimas de vida que ha generado la política económica del régimen. El descontento en la base del movimiento de trabajadores ha disuelto las diferencias inducidas por las parcialidades partidistas. El clima es propicio para comenzar el debate de las tareas de la lucha que habrá que dar. La movilización debe iniciarse desde ya con reuniones en los espacios naturales de la vida de los trabajadores, en la oficina, en los galpones, en las sedes sindicales. Un vasto movimiento asambleario es el escenario para acordar los puntos de una unitaria plataforma de luchas y los preparativos de las movilizaciones que deberán congregar la fuerza suficiente para manifestar el rechazo a estas medidas del gobierno y defendernos de la represión. El reclamo individual nos hace presa fácil de los esquiroles, la lucha parcial no detendrá la ofensiva patronal. Lo que está planteado es la preparación de un levantamiento general y masivo de los trabajadores junto al resto del pueblo. Impulsar jornadas de protesta sectoriales hasta hacer confluir todo el movimiento en una sola fuerza organizada.

Lo que está planteado para la dirigencia auténtica del movimiento de trabajadores es un inmenso desafío ante el poder despótico y represivo del régimen que gobierna. Se hacen necesarias la organización, activación y articulación sistemáticas y progresivas de células de trabajadores preparados para la lucha. Lo planteado no es un accionar explosivo, desordenado, anárquico o disperso. Es necesario vencer la resistencia de la vida burocrática clásica en los sindicatos y gremios. Activar y movilizar desde la base bajo formas de organización que eviten que la acción de los esquiroles y los "patriotas cooperantes", valga decir sapos, rompa o fracture nuestras iniciativas. La Unión de Trabajadores Revolucionarios (UTR) llama a la clase obrera a organizarse y movilizarse para rechazar las medidas y abrir espacios para cambios de fondo en el país que posibiliten la reconstrucción nacional, un desarrollo económico con gran sentido de justicia social y una democracia de nuevo tipo donde los trabajadores y los ciudadanos tengamos permanente presencia en la toma de decisiones que signifiquen democracia, progreso y bienestar para las mayorías nacionales. Es el reto, y podemos lograrlo.


Víctor Partidas

Coordinador Nacional

Unión de Trabajadores Revolucionarios (UTR / BR)

martes, 11 de noviembre de 2014

Tribunal Supremo sigue en deuda con la militancia de nuestro partido

Sala Constitucional deja sin efecto “amparo” que nos despojaba de nuestra Tarjeta Electoral

Tribunal Supremo sigue

en deuda con la militancia
de nuestro partido


La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ha dejado sin efecto la medida cautelar que permitió al señor Pedro Véliz manipular nuestra tarjeta en las postulaciones para las elecciones municipales efectuadas en diciembre de 2013. Dicha medida cautelar estaba sostenida en una decisión a todas luces politiquera, en un trasfondo que buscaba entorpecer el acuerdo electoral unitario de la oposición y favorecer a las candidaturas oficialistas, cuestión que se evidenció con la postulación en la tarjeta de BR de 24 candidatos enfrentados a los que habían salido de las primarias hechas por la MUD en febrero de 2012. Como reiteradamente lo dijimos, ese ciudadano no podía probar que se le estuviese violentando el “derecho constitucional a postular”, pues desde que Bandera Roja obtuvo su legalización ante el CNE: 1995, en ninguna ocasión el señor Véliz tuvo esa potestad, la cual siempre ha recaído en la figura del Secretario General, que en la actualidad es ejercida por Gabriel Puerta Aponte, siempre bajo un concepto democrático interno de respetar las determinaciones que provengan de nuestras organizaciones a nivel regional o municipal, según sea el caso, cuestión que fue totalmente violentada el pasado diciembre.

Esta decisión —fechada 17 de octubre del corriente y publicada inexplicablemente con retardo— se basa, única y exclusivamente, en la perención por inactividad del demandante. La Sala ni siquiera tomó en consideración el historial de los recaudos que reposan en la Oficina de Partidos Políticos del CNE, que fue la institución contra la cual se ejerció la demanda, ni convocó a ningún representante de esta Oficina para hacerse de información veraz y certera que le permitiera conocer mejor el fondo del asunto. Y, frente a tamaño despropósito cometido por este grupo de aventureros comandados por Véliz, la Sala decide aplicar la máxima multa pecuniaria al impostor, pues “estima de suma gravedad el entorpecimiento de sus labores con la presentación de acciones de amparo posteriormente abandonadas, lo cual la obliga a desviar su atención de asuntos que sí requieren de urgente tutela constitucional”… o sea, guarda relación el valor de la multa con las labores de resguardar al Gobierno, a la Asamblea Nacional, a la Fiscalía o a la Contraloría por los desmanes que cometan contra la ciudadanía y contra las libertades democráticas. ¡Triste labor inquisidora y parcializada!

Queda claro que la potestad para postular en la tarjeta de Bandera Roja es legalmente restituida a su legítimo representante, y en este sentido haremos las diligencias pertinentes ante el CNE y el TSJ para que en tiempo perentorio se ejecute dicha sentencia. Exigimos a la Sala Constitucional que se aplique a sí misma lo que le sentenció al señor Véliz, solicitamos que —transcurridos un año y 16 días, mucho más de seis meses— se pronuncie sobre su decisión del 25 de octubre de 2013 que impidió la consumación de nuestro proceso electoral interno, cuando ya habían sido electos los delegados y solo faltaba el evento final. La Sala Constitucional, al actuar de oficio, pasó por encima de decisiones expresas de la Sala Electoral y basó su actuación en la posibilidad de que se violentase el “orden público”. Hoy queda claro que ninguna de esas prevenciones tenía sentido y pedimos que se restituyan nuestras elecciones internas al punto en que fueron suspendidas.

Exigimos que se ordene dar continuidad a nuestras elecciones internas para que así contemos con una renovada y fortalecida dirección nacional que pueda afrontar los difíciles momentos que avizoramos en la actual crisis en que se debate Venezuela. La indeterminación y la incertidumbre mantienen a nuestro partido en una indefensión jurídica por el atropello de una “quinta columna” que apoyándose en sectores oficialista pretende desviar nuestra postura indeclinablemente revolucionaria y convertir a Bandera Roja en otra franquicia electoral más, dentro de la gama clientelar y mercantil en que se ha convertido buena parte de las organizaciones partidista que hacen vida política en nuestro país.


Bandera Roja es una organización revolucionaria

No a la injerencia politiquera en nuestros asuntos internos




Comité Político Nacional de Bandera Roja / 11 de noviembre de 2014

lunes, 10 de noviembre de 2014

TSJ restituyó autoridad de Tarjeta Electoral de @Bandera_Roja en sus autoridades legítimas

SALA CONSTITUCIONAL 
Magistrado Ponente: Arcadio Delgado Rosales
Expediente núm. 13-0732
 
Mediante escrito presentado el 7 de agosto de 2013 ante la Secretaría de la Sala Electoral, el ciudadano PEDRO CELESTINO VÉLIZ ACUÑA, titular de la cédula de identidad número 2.927.005, asistido por el abogado Eduardo José Torres Muñoz, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 144.753, interpuso demanda de amparo constitucional contra la Dirección de Partidos Políticos del Consejo Nacional Electoral “(…) para que se restablezca de manera inmediata el derecho constitucional de postular en el proceso electoral municipal de 2013 que tiene el ciudadano Pedro Celestino Veliz [sic] Acuña en representación del Partido Bandera Roja (...)”. 
En esa misma fecha, el accionante otorgó poder apud acta al abogado Eduardo José Torres Muñoz. 
Mediante sentencia del 8 de agosto de 2013, la Sala Electoral de este Máximo Juzgado declinó el conocimiento del asunto en esta Sala Constitucional, pues a esta correspondería el conocimiento del asunto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25.22 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. 
El 9 de agosto de 2013, se dio cuenta en Sala y se designó como ponente al Magistrado Arcadio Delgado Rosales, quien con tal carácter suscribe el presente fallo. 
En esa misma fecha, esta Sala dictó la sentencia núm. 1.188, en la que se  admitió el amparo que encabeza los autos y acordó la medida cautelar innominada requerida, de manera tal que ordenó la práctica de las citaciones y notificaciones correspondientes, a fin de que fuera celebrada la audiencia constitucional. 
El 13 de agosto de 2013, los ciudadanos Gabriel Puerta Aponte y Carlos Hermoso Conde, titulares de las cédulas de identidad números 1.982.242 y 3.753.400, respectivamente, en su “condición de representantes legítimos de Bandera Roja”, asistidos por el abogado Carlos Estupiñán Roja, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado  bajo el núm. 144.602, se opusieron a la medida cautelar decretada por esta Sala Constitucional y solicitaron se les reconozca la condición de terceros interesados en la presente causa. 
El 17 de octubre de 2013, en virtud de la ausencia temporal del Magistrado Francisco Antonio Carrasquero López, se reconstituyó la Sala Constitucional de la siguiente manera: Magistrada Gladys María Gutiérrez Alvarado, en su condición de Presidenta, Magistrado Juan José Mendoza Jover, como Vicepresidente, y los Magistrados: Luisa Estella Morales Lamuño, Marcos Tulio Dugarte Padrón, Carmen Zuleta de Merchán, Arcadio Delgado Rosales y Luis Fernando Damiani Bustillos, según consta del Acta de Instalación correspondiente. Se ratificó la ponencia del expediente en el Magistrado Arcadio Delgado Rosales, quien con tal carácter suscribe el presente fallo. 
Mediante sentencia núm. 1.782/2013 del 16 de diciembre, esta Sala aceptó la participación de los ciudadanos Gabriel Puerta Aponte y Carlos Hermoso Conde como terceros interesados y declaró improponible la oposición formulada por los mismos, respecto de la medida cautelar acordada en el fallo núm. 1.188/2013 del 9 de agosto. 

ÚNICO 

  De la revisión minuciosa de las actas del expediente, esta Sala observa que en el caso de autos el accionante Pedro Celestino Vélez Acuña –ni por sí ni por medio de su representante judicial- no ha realizado ninguna actuación ante esta Sala que demuestre su interés en obtener la tutela de los derechos constitucionales supuestamente infringidos y, por ende, se restituya la situación jurídica que consideró quebrantada; en el expediente solo consta que su intervención fue el 7 de agosto de 2013, oportunidad en la que interpuso la demanda de amparo, habiendo transcurrido desde esa fecha un lapso superior a seis (6) meses.
Al respecto, se observa que en la sentencia núm. 982/2001 del 6 de junio, caso: José Vicente Arenas Cáceres, se estableció la figura del abandono del trámite en las acciones de amparo, en los términos siguientes:

“(...) la pérdida del interés puede sobrevenir en el curso del proceso. Es lo que ocurre cuando el actor desiste de su pretensión, caso en el cual se otorga autoridad de cosa juzgada al desistimiento y se declara la extinción del proceso. También puede ocurrir que decaiga únicamente el interés en el procedimiento que se halla en curso, caso en el cual ocurre el desistimiento del procedimiento a que se refiere el artículo 266 del Código de Procedimiento Civil. 
Finalmente, puede ocurrir que el interés decaiga por la inacción prolongada del actor o de ambas partes, caso en el cual se extingue la instancia iniciada en protección de determinada pretensión. El Código de Procedimiento Civil señala expresamente los supuestos que configuran la inacción prolongada y que dan lugar a la perención de la instancia. En el caso específico de la inacción prolongada del actor, señala el incumplimiento de ciertas obligaciones procesales como causa de la perención. En la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales no consta una regulación semejante, pero en ella se prevé la figura del abandono del trámite, que expresa también el decaimiento del interés del actor, lo cual se deduce del paralelismo entre ese supuesto en la Ley especial y los supuestos de extinción de la instancia, a causa del incumplimiento de las obligaciones del actor, previstas en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil. El abandono del trámite expresa una conducta indebida del actor en el proceso, puesto que revela una actitud negligente que procura la prolongación indefinida de la controversia. 

Tal conclusión deriva de la propia naturaleza del amparo como medio judicial reservado para la tutela inmediata de los derechos y garantías constitucionales cuando las vías ordinarias no resultan idóneas, tal como se desprende de la letra del artículo 27 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que estatuye para el amparo –al unísono, cabe destacar, con varios tratados internacionales en materia de derechos humanos- un procedimiento breve, gratuito y no sujeto a formalidad en el que la autoridad judicial competente tiene potestad para restablecer inmediatamente la situación jurídica infringida o la situación que más se asemeje a ella y en la que todo tiempo es hábil y el tribunal debe tramitarlo con preferencia a cualquier otro asunto. Así ha sido declarado por la jurisprudencia patria pacíficamente, aún antes de la promulgación de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.
En efecto, si el legislador ha estimado que, como consecuencia de ese carácter de urgencia que distingue al amparo, la tolerancia de una situación que se entiende lesiva de derechos fundamentales, por más de seis meses, entraña el consentimiento de la misma y, por tanto, la pérdida del derecho a obtener protección acelerada y preferente por esa vía, resulta lógico deducir que soportar, una vez iniciado el proceso, una paralización de la causa sin impulsarla por un espacio de tiempo semejante, equivale al abandono del trámite que había sido iniciado con el fin de hacer cesar aquélla situación lesiva o amenazadora de derechos fundamentales. Por tanto, resultaría incongruente con la aludida naturaleza entender que el legislador hubiere previsto un lapso de caducidad de seis meses para la interposición de la demanda y, al propio tiempo, permitiese que se tolerase pasivamente la prolongación en el tiempo de la causa, sin la obtención de un pronunciamiento, por un lapso mayor a aquél.
   … 
De conformidad con lo expuesto, la Sala considera que la inactividad por seis (6) meses de la parte actora en el proceso de amparo, en la etapa de admisión o, una vez acordada ésta, en la práctica de las notificaciones a que hubiere lugar o en la de la fijación de la oportunidad para la celebración de la audiencia oral, por falta de impulso del accionante, ocasiona el abandono del trámite de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y, con ello, la extinción de la instancia (…)”.
Así las cosas, dado que en el presente caso la falta de interés de la parte accionante se patentizó ante su apatía en impulsar el proceso por un lapso que excedió de seis (6) meses, no hay lugar a dudas de que se configuró el abandono del trámite, en los términos previstos en la doctrina jurisprudencial transcrita supra. 
Asimismo, resulta pertinente acotar que, conforme al criterio jurisprudencial sentado en la sentencia núm. 734/2010 de 12 de julio, caso: Rodolfo Igdel Lorenzo Quintero, la falta de impulso procesal  se atribuye a una conducta indebida del actor en el proceso, puesto que revela una actitud negligente que procura la prolongación indefinida de la controversia o el restablecimiento instrumental de la situación jurídica que denunció supuestamente infringida. 
Por otra parte, se advierte que las denuncias realizadas por la parte accionante no afectan el orden público ni las buenas costumbres, ya que las mismas solo atañen a la esfera particular de la accionante; en consecuencia, se declara terminado el procedimiento. Así se decide. 
Como consecuencia de la decisión que precede, esta Sala deja sin efecto la medida cautelar acordada mediante la sentencia núm. 1.188/20013 del 9 de agosto. Así se decide. 
Ahora bien, de conformidad con lo establecido en el único aparte del artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, se impone a la parte actora una multa por la cantidad de cinco bolívares (Bs.5,00), pagaderos a favor de la Tesorería Nacional en las oficinas del Banco Central de Venezuela o cualquier otra entidad recaudadora de fondos nacionales, cuyo pago deberá acreditar mediante la consignación en autos del comprobante correspondiente, dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación. Se aplica la multa en su límite máximo, por cuanto la Sala estima de suma gravedad el entorpecimiento de sus labores con la presentación de acciones de amparo posteriormente abandonadas, lo cual la obliga a desviar su atención de asuntos que sí requieren de urgente tutela constitucional. Así se decide.
 
DECISIÓN
 
 Por las razones expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la ley: 
PRIMERO: Declara TERMINADO EL PROCEDIMIENTO, por abandono del trámite, en la acción de amparo constitucional interpuesta el ciudadano PEDRO CELESTINO VÉLIZ ACUÑA, contra la Dirección de Partidos Políticos del Consejo Nacional Electoral “(…) para que se restablezca de manera inmediata el derecho constitucional de postular en el proceso electoral municipal de 2013 que tiene el ciudadano Pedro Celestino Veliz [sic] Acuña en representación del Partido Bandera Roja (...)”. 
SEGUNDO: Queda sin efecto la medida cautelar acordada mediante la sentencia núm. 1.188/2013 del 9 de agosto. 
TERCERO: Se IMPONE multa a la parte actora, de conformidad con lo establecido en el artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. 
Publíquese y regístrese. Notifíquese a la parte accionante. Cúmplase lo ordenado.
Dada, firmada y sellada, en el Salón de Audiencias del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, en Caracas, a los 17 días del mes de octubre de dos mil catorce (2014). Años: 204° de la Independencia y 155° de la Federación.  
 
La Presidenta,
   
Gladys María Gutiérrez Alvarado
 
                                                                               El Vicepresidente,
  
                                               Francisco Carrasquero López
                                                                      
 Luisa Estella Morales Lamuño
       Magistrada
                                                             Marcos Tulio Dugarte Padrón
                                                                                                                 Magistrado
 
Carmen Zuleta de Merchán
                Magistrada
Arcadio Delgado Rosales
                                                                 Magistrado-Ponente
 
Juan José Mendoza Jover
            Magistrado
 
                                          El Secretario,
 
 
José Leonardo Requena Cabello
 
Expediente núm. 13-0732
ADR/           

sábado, 8 de noviembre de 2014

¡Proclama de Barcelona! #CongresoCiudadano

Congreso de Ciudadanos
Gran Encuentro Regional de Oriente.

En Barcelona, los delegados electos en Asambleas de Ciudadanos en los estados Anzoátegui, Bolívar, Monagas, Sucre, Nueva Esparta y Delta Amacuro, reunidos en el Congreso de Oriente expresamos nuestra irrevocable decisión de lograr el restablecimiento pleno de la democracia y la libertad en Venezuela, así como unir nuestros esfuerzos para la exigente y hermosa tarea de la reconstrucción nacional.

El Congreso de Oriente es expresión legítima del pueblo angustiado, asediado y colmado de limitaciones y necesidades, y se asume como parte del poder constituyente ciudadano para buscar una salida urgente a la crisis que vive Venezuela.

En nuestra región impera la incapacidad,  la improvisación,  la mediocridad de la clase dirigente oficial, su falta de visión  e  irresponsabilidad. Sus políticas, como en todo el país, han producido hambre, miseria, pobreza, inversión de valores, vacío de la autoridad política y administrativa, oscurantismo en el debate, opacidad en el manejo de las cuentas públicas, corrupción desenfrenada e impunidad frente al delito.  Así se ha creado una geografía de horror que sólo la miopía del régimen y sus representantes impide ver en su aterradora dimensión.

Oriente padece hambre y desempleo. Miles de trabajadores parados por falta de ofertas de trabajo. Tragedia de la educación por la deserción escolar y la inexistencia de profesores en materias esenciales. Nuestros pueblos y caseríos han sido abandonados. El servicio de salud es miserable y los médicos y medicinas no se pueden conseguir. No hay alimentos, la producción campesina se ha reducido a una insignificante cosecha; es estrepitosa la caída de la ganadería de carne y leche.

Las empresas pequeñas y medianas mueren de mengua. La clase media desaparece y los pobres ya no pueden aspirar al ascenso social. El Oriente vive en toque de queda a manos de la policía, el hampa, el narcotráfico y el gobierno. Estamos presos en nuestros hogares mientras en las calle impera el caos.

Ante esta anarquía y ante la ausencia de un liderazgo competente, hemos decidido asumir directamente, nosotros, delegados al Congreso Ciudadano reunidos en Oriente, la responsabilidad de asumir la conducción del rescate de la libertad y la reconstrucción nacional. Hemos esperado mucho de los dirigentes, ahora les exigimos que se incorporen con nosotros para derrotar la dictadura imperante y lograr el cambio del régimen lo antes posible.

Lo haremos por métodos constitucionales y pacíficos, pero no renunciaremos a ese objetivo en procura de atajos que sólo signifiquen pequeñas parcelas de falso poder para cohabitar con el régimen.

Las viejas recetas de acción política han sido superadas por las nuevas realidades, la política regional está invadida  de liderazgos débiles. Ahora es necesario reconstituir la dirección democrática con la directa participación de los ciudadanos, sean independientes o militantes de partidos políticos.

El Congreso de Oriente es un llamado a la organización de los ciudadanos de abajo hacia arriba. Sólo así seremos aptos para exigir en la calle nuestros derechos. Sólo así podemos acercar el objetivo de cambio profundo que tantas veces se nos ha escapado. Viene una crisis monumental en los próximos meses y sólo la organización ciudadana sólida podrá manejarla.

Vendrán también elecciones en las que los ciudadanos participaremos en el contexto de la lucha por el reemplazo del régimen. Como demócratas entendemos que las elecciones son un mecanismo esencial de la democracia, pero hoy sólo tienen sentido si se asumen en el marco de la denuncia vigorosa del ventajismo, el fraude, la coacción y la militarización de los procesos electorales. Las elecciones son para que la sociedad se exprese y no para permitir la confiscación de su representación.

Proclamamos que  los líderes o voceros democráticos, deben nacer y validar su liderazgo, renovar sus lealtades en la entraña del pueblo en elecciones primarias y abiertas sin privilegios que sólo premian lealtades personales o grupales.

El Congreso de Oriente, como primer congreso regional, llama a los delegados de todo el país a asumir plena conciencia de nuestra misión. Los ciudadanos tenemos la tarea de derrotar este régimen y de conquistar la libertad.

Somos herederos de las luchas heroicas de estudiantes y trabajadores petroleros, de obreros de todo el país y de empresarios que se han jugado por la democracia, de los periodistas y editores que han luchado sin doblegarse, de las mujeres que como madres, esposas e hijas han luchado sin desmayo. Somos herederos de los que han caído asesinados, de los presos políticos y exiliados.

Somos herederos de la Generación de 2014 que abrió el camino para la salida de este régimen opresor.
Ahora a organizarnos y a organizar, a difundir nuestro mensaje, a ganar voluntades, a solidarizarnos con todo el que luche, a tenderle la mano a los que discrepan, a buscar coincidencias incluso con quienes hemos adversado, a construir la unidad de las trincheras, de los luchadores.

Los ciudadanos hemos escrito la historia contemporánea y nos toca escribir el penúltimo capítulo: el del cambio constitucional del régimen actual. El último capítulo de este tiempo será el de la reconstrucción nacional. A ella convocamos.

Hacia el Gran Encuentro Regional de Occidente..!
Hacia el Gran Encuentro Regional del Centro..!
Hacia el Congreso de Ciudadanos..!

Barcelona, Anzoátegui, 8 de noviembre de 2014.

jueves, 6 de noviembre de 2014

Señor Presidente, ¿15%? Basta de burlas contra los trabajadores 

Unión de Trabajadores Revolucionarios (UTR) / Bandera Roja/ Resistencia

El irrespeto permanente y la burla irónica hacia quienes vivimos de nuestro trabajo, conforman el discurso engañoso del presidente que se autodenomina “obrero” y de su séquito de ineptos y mafiosos en su gobierno. Destruyen la producción nacional, llevan la industria a sus ínfimas capacidades, arrasan el campo y la producción agrícola, destruyen el empleo decente y productivo, extienden la especulación y la corrupción como forma de vida, elevan a proporciones nunca vistas nuestra dependencia de bienes importados e hipotecan la república al incrementar la deuda pública a niveles insospechados, conduciendo a nuestra economía y a nuestro país a una situación de debilidad y vulnerabilidad que nos convierte en víctima fácil de la voracidad de las potencias imperialistas. Aun así, Maduro tiene el tupé de decir que gobierna a favor de los pobres y de los trabajadores, cuando son las mafias, los banqueros y los boliburgueses quienes se llevan la gran tajada en el reparto del botín en que se ha convertido la renta petrolera. El pueblo trabajador sufre las consecuencias del desastre económico a que nos ha llevado el régimen: se cierran fábricas y se abren tarantines, sube el desempleo y los salarios se vuelven sal y agua frente a la progresiva y permanente escalada inflacionaria.

Queriendo aparecer como un ser generoso que lleva una totumita de agua a un gigantesco incendio forestal, Maduro pretende que le aplaudan el gesto tramposo y engañoso y que los trabajadores venezolanos lo celebremos y nos olvidemos de que ese paquete de incremento de salario nominal y de ajuste del bono alimentario es bochornoso, chucuto y discriminatorio. Los analistas más conservadores calculan que la espiral inflacionaria rebozará este año 65 % en promedio, y que será mayor a 100 % en muchos componentes de la cesta alimentaria, por lo que el 15% de incremento del salario mínimo se ve, lo menos, como un mal chiste. A esto se le agrega que el desabastecimiento y la escasez generalizada multiplican las calamidades del pueblo trabajador, pues en algunas ciudades del interior hasta se debe pagar el doble o el triple del precio para conseguir artículos imprescindibles de la cesta alimentaria, para sobrevivir en medio de esta especulación desatada.

Algunos billetes más y monedas de precario poder de compra en el bolsillo de los trabajadores para nada significan elevación del bienestar del pueblo. Los que sí trabajan, los que se sudan para ganarse la vida, los que van a los mercados o abastos saben perfectamente la burla que resumen estos anuncios del gobierno. Con pañitos calientes no se cura la fiebre ni se atiende una crisis de esta magnitud. Con estos anuncios tampoco se conjura la tragedia que viven los hogares venezolanos frente al altísimo costo de la vida, sumado a otras calamidades como la crisis de salud, educación, vivienda, transporte público e inseguridad.

Una bonanza millonaria de dólares petroleros que entraron a las arcas nacionales durante 15 años ha sido dilapidada vulgarmente por desidia y corrupción. ¡Hay que exigir cuentas y responsables a este régimen! Ideas trastocadas de supuestos “gurúes de la economía blindada” nos han dejado en ruinas la infraestructura industrial y agrícola del país, que si alguna vez produjo poco, hoy casi no produce nada, ni el campo ni las zonas industriales de las ciudades. He allí la razón de la economía de puerto a la cual estamos sometidos y la razón del alto costo de los alimentos. El juego perverso del diferencial cambiario —con tres tasas legales y un mercado negro de dólares alimentado por mafias que se enriquecen rápidamente— tiene que explicar la jefatura del régimen cómo se sostiene si no está ligada estrechamente a quienes controlan las divisas. He allí la razón de una economía donde los trabajadores somos quienes pagamos, directa e indirectamente con nuestro sudor las consecuencias de este negocio mafioso. Es decir, los trabajadores cobramos salario en bolívares y tenemos que pagar bienes tasados a dólar paralelo.

Algunos economistas, luego del desastre económico producido por este grupo de mafias boliburguesas, pretenden decir que ese miserable aumento del 15% va a producir más inflación. Economistas trasnochados anclados en el liberalismo más rancio e inconsecuente, confunden aumento de salario con inflación, cuando la responsabilidad principal sobre la inflación la tiene la limitada o casi inexistente producción de bienes y servicios (oferta de productos), y la sustitución de la producción nacional por bienes importados más caros, lo que genera un incremento en los precios por la vía de la restricción de la oferta, acompañado de la creciente demanda insatisfecha a la que se ve sometida la población. Visto así, ese miserable aumento no traerá más inflación. Por el contrario, será devorado inmisericordemente por una inflación proyectada de tres dígitos para el año entrante, y una estimación objetiva de más del 70% para el cierre de este año, y particularmente en alimentos y bebidas, de más de 100%. Los trabajadores seremos víctimas por doble, de la inflación resultado de la destrucción del aparato productivo nacional, y de salarios que reducirán como nunca nuestra capacidad de consumo a niveles de subsistencia elemental. Vamos a un abismo sin precedentes en la historia económica del país.

Así las cosas, se hace más urgente la unidad del pueblo. La organización de su fuerza para exigir, impulsar, luchar y lograr lo necesario para abrir una real perspectiva del bienestar económico merecido para los trabajadores: salida de los responsables de este desastre criminal en la economía y construcción de un nuevo poder capaz de convocar la fuerza de todo el pueblo para propiciar un CAMBIO DE RUMBO en la economía y en la sociedad.

No habrá verdadero alivio a las precariedades que sufre el pueblo si no propiciamos un salto efectivo que sume la mayor capacidad de trabajo productivo en un Programa de Reconstrucción Nacional. Quienes detentan el poder ya demostraron en estos 15 años su incapacidad para asumir tal reto. Quienes por mezquinos intereses grupales han decidido colaborar con ellos solo podrán prolongar la agonía de este régimen. El país necesita y demanda el fin de esta feria de discursos y disfraces. Alejarnos del populismo y extirpar el cáncer de la corrupción. Hay que retomar el camino de una verdadera transformación económica, social y política que solo tendrá soporte real en el trabajo productivo, en una revolución industrial en todas las áreas, que incorpore la fuerza joven al estudio y al trabajo, en una democracia de nuevo tipo con la permanente participación de la ciudadanía organizada. Debemos sacudirnos el yugo de las potencias imperialistas, chinas, rusas o gringas, de los banqueros y especuladores y de las mafias que hoy se reparten el botín desde el gobierno.

Desde la Unión de Trabajadores Revolucionarios (UTR) convocamos a los trabajadores a movilizarnos para enfrentar esta continuada agresión contra nuestras condiciones de vida y de trabajo. Que la crisis la paguen los corruptos y los boliburgueses, no el pueblo trabajador. Unidad de todos los trabajadores en defensa de un salario digno, trabajo decente, seguridad social y apertura de fuentes de empleo. Basta de demagogia y de engaños.

¡A movilizarnos contra el paquete neoliberal y hambreador de Maduro!
¡Asamblea en la fábrica, asamblea en el barrio,
asamblea en las aulas y combate en la calle!

Unión de Trabajadores Revolucionarios / Bandera Roja
6 de noviembre de 2014