Tribunal Supremo sigue en deuda con la militancia de nuestro partido

Sala Constitucional deja sin efecto “amparo” que nos despojaba de nuestra Tarjeta Electoral

Tribunal Supremo sigue

en deuda con la militancia

de nuestro partido

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ha dejado sin efecto la medida cautelar que permitió al señor Pedro Véliz manipular nuestra tarjeta en las postulaciones para las elecciones municipales efectuadas en diciembre de 2013. Dicha medida cautelar estaba sostenida en una decisión a todas luces politiquera, en un trasfondo que buscaba entorpecer el acuerdo electoral unitario de la oposición y favorecer a las candidaturas oficialistas, cuestión que se evidenció con la postulación en la tarjeta de BR de 24 candidatos enfrentados a los que habían salido de las primarias hechas por la MUD en febrero de 2012. Como reiteradamente lo dijimos, ese ciudadano no podía probar que se le estuviese violentando el “derecho constitucional a postular”, pues desde que Bandera Roja obtuvo su legalización ante el CNE: 1995, en ninguna ocasión el señor Véliz tuvo esa potestad, la cual siempre ha recaído en la figura del Secretario General, que en la actualidad es ejercida por Gabriel Puerta Aponte, siempre bajo un concepto democrático interno de respetar las determinaciones que provengan de nuestras organizaciones a nivel regional o municipal, según sea el caso, cuestión que fue totalmente violentada el pasado diciembre.

Esta decisión —fechada 17 de octubre del corriente y publicada inexplicablemente con retardo— se basa, única y exclusivamente, en la perención por inactividad del demandante. La Sala ni siquiera tomó en consideración el historial de los recaudos que reposan en la Oficina de Partidos Políticos del CNE, que fue la institución contra la cual se ejerció la demanda, ni convocó a ningún representante de esta Oficina para hacerse de información veraz y certera que le permitiera conocer mejor el fondo del asunto. Y, frente a tamaño despropósito cometido por este grupo de aventureros comandados por Véliz, la Sala decide aplicar la máxima multa pecuniaria al impostor, pues “estima de suma gravedad el entorpecimiento de sus labores con la presentación de acciones de amparo posteriormente abandonadas, lo cual la obliga a desviar su atención de asuntos que sí requieren de urgente tutela constitucional”… o sea, guarda relación el valor de la multa con las labores de resguardar al Gobierno, a la Asamblea Nacional, a la Fiscalía o a la Contraloría por los desmanes que cometan contra la ciudadanía y contra las libertades democráticas. ¡Triste labor inquisidora y parcializada!

Queda claro que la potestad para postular en la tarjeta de Bandera Roja es legalmente restituida a su legítimo representante, y en este sentido haremos las diligencias pertinentes ante el CNE y el TSJ para que en tiempo perentorio se ejecute dicha sentencia. Exigimos a la Sala Constitucional que se aplique a sí misma lo que le sentenció al señor Véliz, solicitamos que —transcurridos un año y 16 días, mucho más de seis meses— se pronuncie sobre su decisión del 25 de octubre de 2013 que impidió la consumación de nuestro proceso electoral interno, cuando ya habían sido electos los delegados y solo faltaba el evento final. La Sala Constitucional, al actuar de oficio, pasó por encima de decisiones expresas de la Sala Electoral y basó su actuación en la posibilidad de que se violentase el “orden público”. Hoy queda claro que ninguna de esas prevenciones tenía sentido y pedimos que se restituyan nuestras elecciones internas al punto en que fueron suspendidas.

Exigimos que se ordene dar continuidad a nuestras elecciones internas para que así contemos con una renovada y fortalecida dirección nacional que pueda afrontar los difíciles momentos que avizoramos en la actual crisis en que se debate Venezuela. La indeterminación y la incertidumbre mantienen a nuestro partido en una indefensión jurídica por el atropello de una “quinta columna” que apoyándose en sectores oficialista pretende desviar nuestra postura indeclinablemente revolucionaria y convertir a Bandera Roja en otra franquicia electoral más, dentro de la gama clientelar y mercantil en que se ha convertido buena parte de las organizaciones partidista que hacen vida política en nuestro país.

Bandera Roja es una organización revolucionaria

No a la injerencia politiquera en nuestros asuntos internos

Comité Político Nacional de Bandera Roja / 11 de noviembre de 2014