viernes, 9 de octubre de 2015

El increíble engaño sobre el aumento de la gasolina

El increíble engaño sobre el aumento de la gasolina
o cómo hacer que los venezolanos se sientan culpables por la crisis


El gobierno realiza grandes esfuerzos para crear un sentido común acorde con su política antipopular. Con el anunciado incremento del precio de la gasolina —al igual como lo hicieron durante el período bipartidista y fueron coreados por los economistas de postín—, sacan la propaganda que asegura que un vaso de agua es más caro que un litro de gasolina. Le agregan, en esta oportunidad, la idea del costo de producción y el resultante beneficio capitalista sin que les titile el ojo de su engañoso “socialismo” de discurso. Se olvidan los propagandistas de la perorata que en su oportunidad gritaron voz en cuello para justificar el no incremento del precio de un bien que, por sentido común —de un carácter menos común, claro está—, indica que algún beneficio directo debe recibir el venezolano de un recurso propiedad del Estado, del suelo nacional en este caso. Además, en medio de una crisis tan grave, tan calamitosa para la población venezolana, el incremento del precio de la gasolina sería como echársela a un fogón.

miércoles, 7 de octubre de 2015

Manifiesto de Constitución de la Coordinadora de Lucha Estudiantil

La crisis general que vive la sociedad venezolana se profundiza día a día agravando los problemas, sembrando angustia en la mayoría de los hogares y retándonos a la lucha.
Los centros de educación en todos sus ciclos han sido duramente afectados y de no cambiar las políticas en marcha la situación se tornará más difícil en el futuro inmediato. La familia ya no puede cubrir los gastos de los hijos que estudian, y muchos de ellos han tenido que abandonar su formación para buscar trabajo.
La crisis profunda que atraviesa el sistema educativo es ya inaguantable.

miércoles, 23 de septiembre de 2015

Plantea Sairam Rivas: ¡Unidad Intergremial para enfrentar la crisis universitaria!

Sairam Rivas
Secretaria de Asuntos Internacionales
FCU-UCV
La universidad venezolana se encuentra en medio de una crisis, al borde del colapso y del cierre técnico. Crisis producto de la arremetida de forma sistemática por parte del régimen para acabar con una de las pocas instituciones que, a pesar de todos los desmanes que día a día cometen contra ella, se presenta como una posibilidad de luz a los problemas nacionales. Además de ser una institución que puede jugar un papel fundamental en la reconstrucción de Venezuela ante la grave crisis económica, política y ética que vive nuestro país.

Una vez más, las condiciones de cada uno de los gremios que hacen vida en el sector universitario están pisoteadas y con remuneraciones y reivindicaciones por debajo de las condiciones necesarias de un venezolano para reproducirse. Por lo tanto, el actual conflicto universitario no puede resumirse a un problema salarial de los profesores y si este gremio se va o no a paro. Al contrario, creemos que este conflicto debe ser asumido de manera global. Se debe formular un pliego conflictivo amplio que abarque, junto al presupuesto justo, el aumento de sueldos y salarios de los profesores, empleados y obreros, así como las reivindicaciones estudiantiles.

lunes, 14 de septiembre de 2015

Nota de Duelo

La Dirección Nacional del Partido Bandera Roja quiere expresar su pesar por el fallecimiento de nuestro amigo Leopoldo Linares, quien en vida fuera padre de nuestra compañera Clara Linares, miembro del Comité Central y del Comité Político Regional "Tito González Heredia", de la ciudad de Caracas. 

Leopoldo fue un extraordinario ser humano, muy  solidario con nuestra organización y las luchas del pueblo venezolano.  Apoyó desde su trinchera las causas más justas. Lamentamos de todo corazón su deceso. Expresamos nuestras condolencias a todos sus familiares y amigos, en especial a nuestra compañera Clara Linares, a quien manifestamos nuestra solidaridad en estos aciagos momentos.

COMITÉ POLÍTICO NACIONAL
PARTIDO BANDERA ROJA


Septiembre 2015


domingo, 13 de septiembre de 2015

Comité Político Regional Chema Saher condena sentencia a Leopoldo Lópezy llama a derrotar al régimen

     
La sentencia condenatoria a Leopoldo López era de esperarse y ratifica el carácter fascistoide y dictatorial del régimen que ostenta el poder en Venezuela. Como hemos venido sosteniendo, enfrentar a un régimen de esta naturaleza requiere levantar una unidad de verdadera, que tenga como norte la derrota de la dictadura y que para ello, no sólo atienda asuntos meramente electorales sino que luche día a día con el pueblo que sufre, el pueblo que combate las injusticias, y que, de manera fundamental, levante un programa de unidad nacional para reconstruir a Venezuela.
    Desde Bandera Roja Resistencia, término que agregamos para diferenciarnos de los impostores que hacen uso de nuestra tarjeta en beneficio de la dictadura, nos solidarizamos con Leopoldo López, Lilian Tintori y los dirigentes y militantes de Voluntad Popular, así como con Christian Holdack, Ángel González y Demián Martín, sus familiares y amigos. Solidaridad que hacemos extensiva a todos los presos políticos que hoy se encuentran secuestrados por el régimen en distintas cárceles y espacios, así como con el pueblo venezolano, el pueblo falconiano, que hoy es reo de la mayor estafa de la historia republicana venezolana.

viernes, 11 de septiembre de 2015

La Unión de Jóvenes revolucionarios (UJR) rechaza la condena al dirigente Leopoldo López


La Unión de Jóvenes Revolucionarios del Partido Bandera Roja #Resistencia ratifica su apoyo al dirigente opositor Leopoldo López y a los jóvenes juzgados en la misma causa, y repudia el ataque de bandas de mercenarios armados contra quienes pacíficamente expresaban su solidaridad en las inmediaciones del Palacio de Justicia. En estos sucesos perdió la vida otro venezolano, Horacio Blanco, luchador social de Propatria, a cuyos familiares y amigos extendemos nuestras condolencias.
El 12F de 2014 se le cayó la careta democrática al régimen. A partir de allí impulsa con mayor fuerza el afianzamiento del poder mediante una política de limitación de las libertades públicas, control de la ciudadanía con represión, penalización de la protesta, juicios amañados a la disidencia, ataques de sus hordas armadas y uso del terror en acciones de corte fascista. Este jueves, con el montaje de otro de sus espectáculos, intentaron darle cobertura legal a la factura política que se le pasa a Leopoldo López por acompañar el reclamo de un cambio político. Retaliación de lo más burdo y que utiliza a la jueza Susana Barreiros como verduga.

jueves, 10 de septiembre de 2015

Al profesorado ucevista…


Sorprende que ante una opinión emitida en la asamblea de profesores el 8 de septiembre de 2015, en el auditorio del IPP, varios miembros del comité ejecutivo de la Apucv se hayan centrado en responder de manera artera y subida de tono. Tanto, que el profesor Víctor Márquez hubo de intervenir para reivindicar la libertad de opinión, no sin dejar de emitir también su posición contraria respecto de mi postura. Fueron muchos los argumentos que se esgrimieron para justificar una estrategia, a nuestro juicio, errada, pero, sobre todo, para descalificar. Dentro de un espíritu democrático, que se aprecie en forma crítica en relación con la estrategia de las directivas gremiales y de la política unitaria que adelantaron, no debe suponer en ningún caso la descalificación.

sábado, 5 de septiembre de 2015

Carta abierta de Ligia Bolívar, Directora del Centro de Derechos Humanos de la UCAB, a las autoridades venezolanas ante la declaratoria del Estado de Excepción en municipios fronterizos


Dirigida a Nicolás Maduro, Presidente de la República; Luisa Ortega Díaz, Fiscal General de la República y Tarek W. Saab, Defensor del Pueblo

Caracas, 2 de septiembre de 2015
Ante la declaratoria de estado de excepción vía Decreto Ejecutivo publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.194, el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB) somete a su consideración los siguientes planteamientos.

Es de conocimiento público que, con base en dicho decreto, se han aplicado acciones de deportación o expulsión colectiva de habitantes de la República que tienen nacionalidad colombiana, residentes en varios municipios del estado Táchira, desde el 22 de agosto de 2015, bajo argumentos de seguridad nacional y deportación por presencia irregular, así como de necesidad de solucionar los problemas derivados de una inmigración de personas de nacionalidad colombiana, que han ingresado a Venezuela “huyendo de la violencia y buscando mejores condiciones de vida”.
En este marco, expresamos nuestra profunda preocupación ante la afectación arbitraria de derechos humanos que personas habitantes de la República, de nacionalidad colombiana en condición de migrantes y/o con necesidad de protección internacional, incluidos solicitantes de refugio y refugiados reconocidos, que han sido afectados o pueden serlo, en virtud de la continuación de las medidas de deportación efectuadas con base en el Decreto Ejecutivo.
Es históricamente conocido que en la frontera compartida entre Venezuela y Colombia ha existido una movilidad humana constante que ha perdurado en condiciones de fraternidad e integración, social, familiar y económica. Esta fluidez de relaciones humanas, económicas y culturales transfronterizas ha incluido el tránsito y residencia entre nuestros países de migrantes de ambas nacionalidades, por lo que seguimos abogando por el entendimiento mutuo entre nuestros países.
Asimismo, desde finales de la década de los 90, a esta inmigración histórica de personas de nacionalidad colombiana se sumó otra cuyas características vienen dadas por causas de ingreso y necesidad de permanencia en el país, que son diferentes a las tradicionalmente consideradas económicas, para incluir el ingreso de grupos de personas debido a fundados temores de persecución, graves violaciones a los derechos humanos y derecho humanitario, derivadas del conflicto sociopolítico y violencia armada que sufre el vecino país.
Ante esta realidad, y reconociendo esta diversidad migratoria, llamamos su atención sobre la necesidad urgente de mantener una visión humanitaria y de respeto a los derechos humanos, en la aplicación de prácticas o medidas de deportación de personas de nacionalidad colombiana, en condición de migrantes y/o con necesidad de protección internacional, incluidos solicitantes de refugio y refugiados reconocidos residentes en el país, que garantice la aplicación de planes y acciones diferenciadas, respetuosas de los compromisos internacionales, conforme a los estándares y principios aceptados por el Estado en acuerdos internacionales, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) y leyes nacionales.
El marco jurídico venezolano reconoce, constitucional y legalmente, igualdad de derecho entre nacionales y extranjeros, con las limitaciones establecidas en la Constitución y las leyes; y dentro de la categoría de extranjeros no hace discriminación alguna en cuanto al trato de los migrantes con diferente condición migratoria, a excepción de los extranjeros solicitantes de refugio y refugiados reconocidos residentes en el país, a quienes se aplica una normativa más protectiva, en el marco de la Ley Orgánica sobre Refugiados y Asilados (LORRAA).
En tal sentido, solicitamos al Estado venezolano el cumplimiento de las garantías y estándares básicos, así como prohibiciones derivadas del ius cogens y los tratados internacionales, que se mantienen vigentes durante estados de excepción, que han sido aceptados por el Estado venezolano en la CRBV y las leyes, que disponen:
1. Respetar la prohibición de expulsión colectiva de extranjeros, cuyo carácter es absoluto, de conformidad con las disposiciones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PDCP, artículo 13), que prohíbe a los Estados las expulsiones colectivas de extranjeros, incluyendo a aquellos que hayan ingresado o residan de manera irregular, o sin estatuto legal migratorio, que solo podrán ser expulsados por aplicación de una decisión adoptada conforme a las leyes sancionadas por el Poder Legislativo.
2. La necesidad de individualizar las razones de deportación o expulsión, aplicando procedimientos que garanticen el debido proceso, cuyo carácter imperativo implica, para los Estados, dar cumplimiento a las disposiciones generales dispuestas en el artículo 14 del PDCP, en todo proceso o procedimiento que afecte los derechos subjetivos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.
En los casos de procedimientos migratorios de deportación, al tener éstos carácter sancionatorio e implicar, en algunos casos, medidas privativas de libertad, se deben aplicar a dichos casos las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos de la Organización de las Naciones Unidas, y el conjunto de principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión.
Asimismo, ha sido reiterado por doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que las garantías de debido proceso en casos migratorios implican que: a) la persona debe ser informada expresa y formalmente de los cargos en su contra y de los motivos de la expulsión o deportación, con posibilidad de exponer sus razones y oponerse a los cargos en su contra; b) tener acceso a la asistencia consular o asesoría legal y en caso de decisión desfavorable, debe garantizarse el acceso a recursos efectivos ante la autoridad competente. Todo lo cual está en correspondencia con las disposiciones de la Declaración Universal de Derechos Humanos, la CRBV, la Ley de Extranjería y Migración (LEM) y la Ley Orgánica sobre Refugiados y Asilados (LORRAA), para el caso de solicitantes de refugio y refugiados.
Es asimismo legítimo otorgar la oportunidad para resolver problemas familiares, laborales y económicos antes de la deportación, tomando en consideración que los trabajadores migrantes, aun en condición de irregularidad o sin visado de trabajo, no pueden ser privados de sus derechos laborales y mantienen su derecho al cobro de los beneficios laborales, tal como lo consagra el artículo 38 de la Ley de Extranjería y Migración (LEM).
Por cuanto existe un vínculo indisoluble entre la obligación de respetar y garantizar los derechos humanos y el principio de igualdad y no discriminación, ampliamente reconocido en tratados internacionales y garantizados por el artículo 21 de la CRBV, independientemente del estatus migratorio de una persona, el Estado, al implementar medidas o prácticas de control migratorio, expulsión o deportación, debe garantizar un trato razonable, objetivo y proporcional que no lesione derechos humanos de la población afectada por las mismas.
Es igualmente indispensable dar cumplimiento a la garantía del interés superior del niño y la protección de la familia, conforme a la cual cualquier decisión de órgano judicial o administrativo que deba decidir acerca de la separación familiar, en razón de la condición migratoria de uno o ambos progenitores, debe contemplar las circunstancias particulares del caso concreto, garantizando así una decisión individual, perseguir un fin legítimo, ser idónea, necesaria y proporcionada, de conformidad con las disposiciones de la Convención sobre los Derechos del Niño y demás instrumentos aplicables, evitando la separación de los niños, niñas y adolescentes del grupo familiar.
En el caso específico de migrantes solicitantes de refugio y refugiados reconocidos, se aplican todas las garantías mencionadas anteriormente y a ellas se suma la garantía absoluta de permanencia en el país, conforme al Principio de no Devolución (non-refoulement), cuya protección implica que ninguna persona solicitante de refugio o refugiada reconocida por el país asilante podrá ser devuelta a su país de origen o residencia anterior, cuando su vida, seguridad o integridad estén en riesgo –artículo 33 de la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de Refugio–, en concatenación con el artículo 69 de la CRBV y 2.3 de la LORRAA. Esta prohibición es absoluta, y aun en casos de seguridad nacional se requiere de una sentencia previa.
Esta garantía forma parte del derecho consuetudinario y tiene carácter de ius cogens, por lo que impone una limitación a la soberanía estatal en la aplicación de acciones de deportación o expulsión, y protege tanto de forma individual como colectivamente a grupos de refugiados, tanto en situaciones de suspensión de garantías como de limitaciones generales de ejercicio de derechos.
A ello debe agregarse la posibilidad de comunicación con las instancias nacionales de protección a refugiados, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ACNUR) u organización de defensa de derechos humanos, lo que es especialmente importante en aquellos casos en los cuales las personas que han solicitado refugio no hubieren recibido aún la documentación adecuada de identificación por parte del Estado venezolano, a la cual está obligado conforme a las disposiciones generales de derechos humanos, la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de Refugio y la Ley Orgánica sobre Refugiados y Asilados (LORRAA), para evitar medidas arbitrarias de deportación.
En razón de lo expuesto, afirmamos que la implementación de medidas que den cumplimiento a las garantías, prohibiciones y derechos humanos antes mencionados, no son incompatibles con la soberanía que ejercen los Estados, para controlar sus fronteras y fijar políticas migratorias, o con la necesidad de salvaguarda de la seguridad. Por ello, exhortamos al Estado venezolano a establecer mecanismos acordes con las normas de protección de los derechos humanos, que eviten la afectación arbitraria y ataques a la integridad personal, bienes y derechos de la población de nacionalidad colombiana en condición de migrantes y/o con necesidad de protección internacional, incluidos solicitantes de refugio y refugiados reconocidos.
Por último, hacemos un llamado a avanzar, conjuntamente con las autoridades de la República de Colombia, en la revisión de la complejidad de los fenómenos de la migración entre ambos países, que requieren asumir nuevos acuerdos y agendas comunes de cooperación. Esto sin menoscabar el fortalecimiento en la aplicación de criterios y estándares de protección que por décadas han venido desarrollándose en el seno de los sistemas de protección de derechos humanos, tanto el Interamericano como el de Naciones Unidas, así como los referidos en acuerdos y declaraciones de organismos latinoamericanos multilaterales, tales como Mercosur y Unasur, o derivados de procesos consultivos específicos sobre la materia, como la Conferencia Sudamericana sobre Migraciones.

Atentamente,

Ligia Bolívar O.

Directora