Esto es lo que le ha permitido al Estado venezolano hacerse de inconmensurables riquezas bajo ese principio. Chávez se convierte en lo más conspicuo de esta forma de dominación. Personalidad carismática que logró seducir a los más pobres y buena parte de los sectores medios, de la intelectualidad, entre otros, mientras se acordaba con la oligarquía financiera una Constitución a su servicio que incluía aspectos contemplados en los acuerdos multilaterales de inversión (AMI), como el trato igual de capitales. Unido a lo cual se instaura un régimen político con sustento eleccionario.
Al recordar esto, no planteo que la riqueza petrolera y otros recursos no deban ser propiedad estatal, pero sí que su uso debe realizarse con base en la inversión para el desarrollo nacional y estar sujeto al dictado colectivo y democrático y no para aumentar el engreimiento del déspota de turno. Debe servir la riqueza petrolera para alcanzar la soberanía y satisfacer las demandas populares. No para que la distribución de la renta haga más ricos a los ricos y satisfaga las demandas de la oligarquía financiera.
Fuera de la escena el personaje en cuestión —asumido el legado por una personalidad mucho menos capaz para el engaño, y unida a esto una tendencia marcada a la caída de los precios del crudo—, el despotismo recibe serios pesos que parecen llevarlo al derrumbe. La política económica y social que brindaba recursos a amplios sectores ya no encuentra en la renta petrolera el recurso para su realización. En vez de apalancar el desarrollo del país, esta política condujo a la sustitución de la producción nacional por importaciones con los dólares obtenidos en el negocio internacional del crudo. Y como corolario queda la destrucción del aparato productivo, lo cual demanda de un cambio urgente en la conducción del país para su reconstrucción. De allí surgió la rabia expresada de dos maneras el 6 de diciembre. De una parte, la voluntad de los opositores a depositar su voto en la tarjeta de la mesa de la Unidad Democrática (MUD) en contra del gobierno, para darle mayor eficacia a la respuesta electoral. De otra, la inhibición de buena parte de los chavistas ante el descontento producto de los mismos problemas que sufren las grandes mayorías sin distingo, entre ellos la entronización de la inseguridad. Un sector chavista, que parece ser pequeño, voto también por la tarjeta de la MUD u otra de la oposición.
Ello explica que los despotizados —aquellos que reivindican esa irracionalidad expresada en el afecto al Comandante supremo, en el amor al déspota, y quedan subyugados a éste— se sientan traicionados por “esos pobres que recibieron un apartamento y comida, hasta elevarlos a clase media y hoy se inclinan a favor de la oposición”. No ve el despotizado que la vivienda es un derecho conculcado durante décadas, sobre todo en los últimos lustros. No ve que la alimentación es un derecho consagrado en la Constitución. Se atreven a decir que Chávez les dio vivienda y ahora lo traicionan. Pero quienes así piensan, quienes así se expresan de los “pobres desleales”, son aquellos que ven en el despotismo, en el déspota más bien, un fetiche que le permite legitimar aquello que señalara Marx —palabras más, palabras menos— de que el despotismo encuentra su base objetiva en la distribución por parte del déspota de la riqueza que depara la explotación de un recurso de propiedad colectiva. Por ello ahora el chavista parece querer desquitarse en los propios chavistas. Buscan hasta someter al escarnio a quienes se inhibieron. A despreciar a quien cambió de bando dada la decepción sufrida. El espíritu despotizado en muchos chavistas los lleva ahora a castigar a quienes los engañaron o traicionaron.
Pero la rotunda derrota sufrida por el chavismo era de esperarse. Solamente las mentes irracionales no podían ver que el descontento se traduciría en la inclinación el voto popular hacia la oposición y la inhibición del votante chavista como propensión. Dado el sistema electoral implantado en Venezuela, que viola el principio constitucional de representatividad proporcional, menguada en relación con la Constitución de 1961, el que gana obtiene de manera desproporcionada la representación parlamentaria. Así, la MUD obtiene más de 70% de la representación con poco menos del 60 % de los votos.
Nuevos escenarios asambleísticos...
Se abre un período bastante controversial. Por más que busquen entendimientos como los alcanzados desde 2013 a la fecha, cada sector recibirá las presiones de sus seguidores y de la propia realidad. Además, recordemos que la fractura en el chavismo está en pleno desarrollo y ebullición. Que no se exprese en mayores rupturas se debe a la búsqueda de maneras para frenar el derrumbe. Por su parte, la MUD —disminuida en cuanto a número de integrantes, con dueños claramente identificados— sufre lo propio. Más cuando es claro que la votación obtenida no supone un apoyo a sus políticas. La llamada economía del voto, principalmente para causar mayor castigo, es lo que le permitió sacar tal respaldo electoral, por lo que es de esperarse que en la oposición, representada en el parlamento, se produzca alguna que otra fractura. Sin embargo, creemos que en las primeras de cambio serán de poca monta, dada la autoridad política alcanzada por la MUD como institución, aun cuando no ofrezca nada salvo derrotar electoralmente al chavismo, a partir de lo cual se iniciaría “el cambio”, cuyo carácter y contenido son desconocidos.
La mayoría calificada de la MUD en la AN cuenta con facultades que le permiten convocar referendo revocatorio, hacer reformas constitucionales, producir cambios en los poderes públicos como el Tribunal Supremo de Justicia, la Defensoría del Pueblo, entre otros. Mucha gente voto por la MUD para que se produzcan medidas para hacer estos y otros cambios. Pero, como sabemos, el régimen desde el Ejecutivo y desde las otras instancias del poder tratará de frenar cualquier medida que signifique más pérdida de sus espacios conseguidos de manera arbitraria. A su vez, se trata de una circunstancia que pondrá en el tapete aquello de la heteronomía del poder burgués en medio de la profunda crisis que sufre Venezuela. Esto es, la llamada autonomía de poderes —ficción que permite legitimar las relaciones burguesas— querrá ser “rescatada” en este período por la MUD, aunque la contratendencia se verá expresada en la connivencia para la atención de los asuntos que ponen en riesgo el orden. Ubiquemos que a la MUD, por ejemplo, no le va mal con la Constitución vigente dados los artículos de orientación liberal que anulan las posibilidades de realización de los derechos ciudadanos, en tendencia, y que favorecen a la oligarquía financiera como el trato igual de los capitalista nacionales y extranjeros y lo concerniente al crédito adicional para alcanzar el equilibrio fiscal, principalmente. Asuntos que también serán obviado, colocando el centro de "los cambios" en cuestiones subalternas, dentro de un estilo de retórica encendida que no alude para nada a cuestiones fundamentales.
La mayoría calificada obtenida por la MUD, a su vez, pudiese permitirle al chavismo jugar con dos perspectivas. Descargar en la Asamblea Nacional algunas facultades y medidas, sobre todo de naturaleza económica y para compartir costos políticos dados los efectos nocivos que tendrían sobre los sectores populares, resume la primera. De caer en esta trampa, sin dudas que la oposición parlamentaria decepcionará a buena parte del electorado que le brindó su apoyo en aras de cambios en su favor. Algo de coherencia puede encontrar el gobierno con la oposición al frente de la AN, de mantenerse la política económica tercamente seguida durante tres lustros. Nos guiamos en esta afirmación por los intereses de clase que representan ambos bandos: el mismo.
Una segunda perspectiva, articulada con la anterior, es la de restarle facultades a la AN, a la mayoría calificada de la MUD. Sobre todo en materias políticas, el chavismo tratará de frenar la acción de la AN en combinación con el irrespeto a su investidura, apoyándose en la movilización hacia el parlamento de alguna de su gente para crear presión. Se trata del enfrentamiento permanente y la diatriba encendida para satisfacer los oídos del chavismo duro, mientras los convenimientos y maniobras guiarán permanentemente la acción política de los bandos. Seguramente se seguirá fraguando el convenimiento para salvar a Maduro y en términos más generales, al sistema. Ubiquemos que la naturaleza de la crisis demanda medidas en una dirección u otra. O a favor del interés nacional y popular, o en aras del continuismo de la dependencia del imperialismo chino o estadounidense, mientras se convienen en el saqueo de las riquezas del país. Se trata de una etapa que dará continuidad a la participación tras bastidores del poder imperialista. Yanquis, chinos y rusos, principalmente, se convierten en factores de primer orden para tomar determinaciones en el curso de los acontecimientos.
Se trata de un proceso muy contradictorio y controversial. Si hasta la fecha hay connivencia para sostener a Maduro —lo que llevó a la ruptura de la unidad política en torno de la MUD en 2014—, debe haberla, y con más razón, para este período. Pero a su vez, hay presiones. Las propias del gobierno para mantener sus espacios del poder público así como las demandas políticas de sus bases, dentro de contradicciones que abarcarán cada vez más a los sectores medios y de base. La MUD sufre lo propio, más cuando están claros en que el voto no fue a su favor sino en contra del gobierno. El apoyo de masas a la MUD seguirá siendo tímido mientras no se disponga a confrontar en favor de las demandas populares. Ese es un aspecto que le pudiese restar empuje a quienes hoy gozan de mayoría calificada en la AN.
Somos de la idea de que el chavismo se nucleará en torno de Maduro. No cuentan con la fuerza como para sacrificarlo. Tampoco la tienen como para negociar una salida con su presencia. La percibimos como una situación contradictoria. Pero tampoco la MUD cuenta con una fuerza suficiente como para trabajar en lo inmediato por su salida. Es más, habría que ver si en verdad quieren salir de Maduro. Y es que la crisis económica y social es de tal magnitud que buena parte de los factores de la oposición y del gobierno podrían guardar algo de compromiso para sostenerlo, dentro de un pacto histórico entre los factores del orden para mantener el sistema capitalista dependiente. En buena medida eso es lo que explica la postura de la MUD en los tres últimos años.
Perspectivas
La crisis que sufre Venezuela es de tal magnitud que demanda para su superación positiva de la realización de un programa de carácter nacional y popular, capaz de liberar las fuerzas productivas mientras se profundice la democracia. Ni la MUD ni el chavismo están interesadas en eso. Las diferencias entre estos factores del poder ciertamente existen. Incluso, son serias las contradicciones y la principal es el jugoso botín que supone el control del aparato de Estado en Venezuela. Representan cada factor intereses diversos de la oligarquía y de un imperialismo u otro, o de varios. Todo indica, por ejemplo, que los chinos muestran disposición y complacencia a negociar con la alternativa que representa la MUD. El chavismo, por su parte, nunca ha dejado de hacerlo con Estados Unidos. Unos representan un sector u otro de la oligarquía. El chavismo, por ejemplo, siempre ha tenido el sector importador en ventaja frente al capital productivo. El sector bancario en nada puede quejarse del chavismo. Para solo citar ejemplos emblemáticos de los intereses que representan. Las mafias chavistas cuentan con un inconmensurable volumen de riquezas que de seguro vienen articulándose a jugosos negocios con la banca, la especulación financiera, la importación, entre otros business. La corrupción, como mecanismo de acumulación de capitales, ha dejado lo propio en manos de estas mafias que hasta aparecen vinculadas al narcotráfico, si nos fijamos en la detención de familiares del matrimonio presidencial. Entretanto, sectores de la MUD pugnan también por convertirse en alternativa, pero para la oligarquía y el imperialismo.
Hay claros visos por parte del chavismo de querer compartir algo a cambio para mantener la connivencia de sostener a Maduro al frente de la primera magistratura. Pero los compromisos de lado y lado y las ansias por hegemonizar el control del aparato de Estado, en medio de la profunda crisis, harán profundizar las contradicciones a puntos de ebullición. Aunque la respuesta popular, la protesta de calle, sobre todo, pudiese hermanarlos como aconteció a raíz de los eventos de febrero-junio de 2014.
Ambos factores están conscientes de que la crisis de Venezuela es muy severa y demandará de medidas muy drásticas para el pueblo y el interés nacional, de cara a los sectores que representan. Esto es, por ser factores al servicio de la oligarquía financiera, se inscriben en la perspectiva de satisfacer sus demandas con una recomposición de la economía que les brinde los beneficios esperados. Sobre todo cuando el peligro del sistema esté en juego. Ello supone una política económica que volcará el peso de la crisis en las espaldas del pueblo trabajador y de los más necesitados. Las diferencias se pudiesen inscribir en la evasión que querrá hacer un sector u otro de las consecuencias y la raíz de esas políticas acusándose unos a otros. Por lo pronto, parecen hermanados en el aumento de la gasolina, con todo y la drástica caída de la demanda de la gente para adquirir lo básico para vivir.
La Asamblea Nacional con mayoría calificada de la MUD, debería...
Somos de la idea de que los asuntos a atender por la nueva AN, desde una perspectiva nacional y popular, pueden ser ordenados. En primer lugar los cambios contingentes y constitucionales en función de la salida de Maduro. Recordemos que a partir de abril de 2016 se puede activar el proceso revocatorio. Más allá, puede producir medidas en función de una constituyente o arrogarse la propia AN tal condición dada la mayoría calificada con la que cuenta. Cambios en la Carta Magna que afectan severamente la economía venezolana, comenzando por el artículo 301 que garantiza el trato igual a los capitales extranjeros que a los nacionales. El equilibrio fiscal con base en la deuda pública vía créditos adicionales debe ser borrado de la Constitución. Ubiquemos que este endeudamiento se realiza con base en una gran discrecionalidad dados los parámetros que se fijan para adquirirla. El equilibrio fiscal debe alcanzarse con base en la producción de bienes y servicios. Eso sí debe contar con rango constitucional.
Asimismo, puede la AN producir medidas en favor de los trabajadores atendiendo las modificaciones que se demandan de la Ley Orgánica del Trabajo en cuanto a que vulnera la autonomía sindical. Bajo el argumento de que como el Estado “está” a favor y “al servicio” de los trabajadores y del pueblo, e impulsa una “revolución socialista”, la acción sindical debe supeditarse al Estado y al gobierno. De allí que los funcionarios del Estado deben estar al servicio de la “revolución” (art. 45 de la CRBV; art. 21 DLOTTT), y por consiguiente, las nuevas relaciones deben irse fomentando por la vía del impulso de cooperativas, comunas, estatización de propiedad privada, EPS, etc., no por elevación de fuerzas productivas. La destrucción de fuerzas productivas que el régimen ha aupado es una acción retrógrada pintada de igualitarismo. Bajo esta orientación, además, se afianza el sistema de seguridad social sobre la renta petrolera. Consolidan y fomentan relaciones laborales desreguladas, flexibilizadas y anarquizadas, amparadas por discursos de solidaridad, trabajo “voluntario”, cooperación, etc.
La AN debería derogar decretos-leyes firmados por Chávez desde 1999 referidos a acuerdos de doble tributación con países imperialistas y de alto desarrollo tecnológico, por los que el Estado deja de percibir más de 17 mil millones de dólares cada año. Cuestión que hasta algunos pensadores chavistas lo han planteado. Asimismo, puede la AN derogar decretos-leyes sucesivos de promoción y protección de inversiones extranjeras que permiten garantías que comprometen el interés nacional.
Puede la nueva AN derogar acuerdos y compromisos internacionales que lesionan el interés nacional, tal como el acuerdo con China para la elaboración del mapa hidrogeológico en una superficie de 927 mil kilómetros cuadrados, el territorio nacional menos una ñinguita, que lesiona severamente nuestra soberanía nacional. Igual tratamiento debe darse a la presencia de Venezuela en Mercosur. Mientras no se alcance una escala de disminución de las asimetrías en relación con países como Brasil y Argentina de tal magnitud que permita la mayor competitividad en distintos rubros, mientras se protege la producción nacional, nuestro país pierde en este tipo de integración, mientras favorece a los más desarrollados.
Estos son aspectos fundamentales a exigir a la AN y la mayoría calificada. Todas estas disposiciones y más le darían un carácter de cambio verdadero a la nueva AN. Debe comenzar, por supuesto, con una amnistía abarcante de los presos y exiliados políticos.
Somos de la idea de que es mucho pedir lo escrito en los párrafos anteriores. Creemos que, por el contrario, esta AN se verá envuelta en serias contradicciones e inconsecuencias. Aunque las contradicciones pudiesen llevarla a decisiones que en el marco de la profunda crisis general desemboquen en rupturas de significación. En el transcurso, se deben apoyar aquellas medidas que permitan ejercer la función contralora de la AN. Que rescate su carácter deliberante y de foro sobre asuntos de importancia nacional. Que combata la corrupción y garantice la unificación presupuestaria. Si se atreve a activar la política y las medidas que conduzcan al revocatorio, hay que brindar todo el apoyo, unido a una política que vaya más allá de la mera salida del Presidente. Esto es, impulsando el programa político como base para superar la crisis y reconstruir el país sobre las bases de la democracia, el desarrollo y el bienestar.
Todo esto supone un proceso muy complejo que debe conducir a una política de unidad y alianzas en correspondencia con las tendencias, acontecimientos y objetivos. Las luchas están por venir en corto tiempo. La disposición de la gente a pelear ya no podrá ser frenada bajo la estrategia de esperar otra fecha electoral. La unidad de los factores políticos y sociales pudiese avanzar en una dirección inédita, a eso debemos estar preparados para asumir la avanzada en el proceso de articulación de fuerzas. La que corresponde a los sectores sociales en conflicto puede ser una constante dada la clara orientación de descargar en los trabajadores el peso de la crisis, a ello debemos brindar nuestros mayores esfuerzos.
Carlos Hermoso
Caracas, 16 de diciembre 2015
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