La bandera venezolana sobre sus hombros se convirtió en parte de su vestimenta habitual. Todos los días, desde febrero, sus cuerpos y sus mentes estuvieron puestos a disposición de la protesta.
Jennifer Jaramillo, Robert Pumar y Félix Ortuño forman parte de las 3.238 personas que han sido detenidas por manifestar desde el 4 de febrero, según el Foro Penal Venezolano. Con algo de suerte y con abogados entregados a sus causas, pasaron a engrosar además la lista de los liberados con medidas cautelares que esperan un juicio. Hasta el momento hay 2.066 ciudadanos en régimen de presentación.
La verdadera prueba de resistencia la vivieron en cárceles comunes, donde convivieron junto a reclusos de alta peligrosidad.
“Nos despertábamos entre gusanos”
En el brazo derecho tiene la cicatriz de un disparo que recibió y en la frente tiene la marca de un peinillazo. Nada lo detuvo. Félix Ortuño se entregó de lleno a las protestas.
Tiene 36 años de edad y es graduado en Gerencia Administrativa. La Guardia Nacional Bolivariana lo detuvo sin mediar palabra la tarde del 3 de junio en la plaza Francia de Altamira.
Estuvo 54 días preso y más de 30 los pasó en el módulo de la GNB en La Dolorita, esperando dos fiadores que respaldaran el régimen de presentación cada 8 días que le otorgó el juez.
“Al llegar, todos los presos pasan por una sesión de golpes”, cuenta Félix. Su sitio de reclusión fue un calabozo de 3 por 2 metros junto a otras 30 personas, entre ellos un condenado a 14 años por asesinato.
En una esquina de la celda, una cortina les otorgaba la privacidad mínima para hacer sus necesidades fisiológicas en una bolsa. En tres oportunidades se despertaron entre gusanos, por la basura descompuesta.
“Los presos castigaban a otros con puñaladas. Tienen chuzos que hacen con huesos, cucharillas o tijeras. Vimos cómo apuñalaban a dos y todos debían participar. Nosotros nos negamos porque no éramos criminales”, narra.
Si el castigo era para los “guarimberos”, los amarraban y amordazaban. Los funcionarios no hacían nada.
Derechos Humanos duros como una tabla
Robert Pumar no recuerda la fecha exacta de su detención, pero sí tiene claros los siete días que pasó en el Rodeo II.
Tiene 21 años y es estudiante de Comunicación Social en la Universidad Católica Santa Rosa. Lo aprehendieron el 26 de mayo cerca de la Universidad Metropolitana, cuando trataba de cerrar la autopista con otro grupo de jóvenes. Lo llevaron al destacamento 52 de Altamira y a los 38 días lo trasladaron al centro penitenciario mirandino junto a Afredo Jaspe, Ignacio Porra y Jesús Pérez, quienes siguen en prisión.
Cuando llegó, los funcionarios encargados de la seguridad lo maltrataron. “Me dijeron que tenía una entrevista con los Derechos Humanos. Me metieron en un cuarto y cuando entré los DD HH eran una tabla de dos metros”.
Su sitio de reclusión era un área llamada “conmoción pública”. “Estaba el principal del Rodeo, el de La Planta, miembros de la banda Los Invisibles, los presuntos asesinos de Mónica Spear y Joao De Gouveia”, recuerda.
Robert cuenta que los presos le manifestaban su apoyo. “Nos decían que si los estudiantes no contábamos con los barrios, no íbamos a hacer nada”.
“No fue fácil dormir al lado de alguien que ha matado”
Jennifer Jaramillo, de 21 años de edad, fue detenida el 25 de abril a las 2:00 am por la Guardia Nacional Bolivariana, cuando iba en un taxi a buscar a unos compañeros del campamento de la plaza Alfredo Sadel.
Estudiante de Administración en el Instituto Técnico Luisa Cáceres de Arismendi y madre de una niña de 5 años, Jennifer vivió el motín que se dio el 14 de mayo en el Instituto Nacional de Orientación Femenina, donde estuvo recluida hasta el 23 de junio.
En la cárcel permaneció en un área apartada con otras 51 presas, que también gozaban de resguardo. Nunca la maltrataron, pero la violencia era palpable. Luego del motín, el gobierno tomó el recinto. “El régimen de la nueva directora era fuerte. Escuchábamos cómo les pegaban a las mujeres”.
Las “guarimberas”, como las llamaban, debieron pasar por tres requisas. “Nos hacían agacharnos y nos veían con linternas en la vagina. Nos hacían abrirnos para ver si teníamos droga o celulares escondidos”.
Mientras estuvo allí, la obligaron a hacer orden cerrado una vez por semana. “Hubo gente a la que pusieron a cantar ‘Patria querida’ y yo me negué. Estaba ahí por protestar contra el gobierno”.
Jennifer dice que quizás lo más complicado fue estar entre delincuentes. “No fue fácil dormir al lado de alguien que ha matado a otra persona”.
Fuente: El Nacional
04 de agosto 2014
