El debate en torno del diálogo se ha encendido en Venezuela. Muchos han mediado en él. Algunas opiniones han sido compartidas y presentadas como orientadoras en diversos espacios, la de Luis Vicente León llamada ¿Por qué negociar un derecho? publicada el 18 de septiembre de este año, no ha sido la excepción. Inspirada en ella comparto con ustedes estas ideas.
De entrada hay que precisar que en ningún escenario la negociación es un hecho condenable por sí mismo; en la política por supuesto que tampoco lo es, pero sí es el escenario en el cual hay que actuar con mayor cuidado y transparencia, especialmente cuando se trata de sentarse con actores cuyo respeto por la democracia, por el estado de derecho, es un asunto ajeno para ellos.
Ciertamente en política no hay nada en mano, pero en la vida en sociedad hay disposiciones constitucionales que trascienden la voluntad de los actores políticos y suponen su realización, en democracia, sin presión, dilación ni atropellos. De esta manera, la realización de las elecciones regionales no requiere negociación alguna, tampoco la realización del referendo revocatorio. Simplemente implica, insisto, cumplir con la constitución y las leyes. Si para ello hay que negociar, especialmente para lo primero, algo anda mal, muy mal.
Reconociendo que como dice Luis Vicente León, “el Gobierno no respeta ni la Constitución ni las leyes…”, ciertamente es una tontería pensar que respetará lo relativo a la convocatoria del referendo revocatorio, tal como se está presenciando, pero también cabría preguntarse: ¿acaso la negociación si logrará la realización del referendo?, ¿acaso la negociación logrará la salida de Maduro?, ¿acaso la negociación logrará el cambio de régimen?
Habría que agregar que, en un país tan convulsionado políticamente como este, desarrollar reuniones privadas con la dictadura es casi un suicidio político, pues además de las consabidas mañas que ésta emplea para asegurar su perpetuidad en el poder, arrogarse la autoridad para hablar en nombre de una oposición que va mas allá del G4 y, también, de la MUD, en momentos que demandan transparencia y amplitud, abría el camino para las dudas en torno al propósito y eventuales logros de tal acción.
Es falsa, por otra parte, la dicotomía guerra-negociación. Del lado de la oposición, de sus principales referentes, unidos o no en torno la MUD, no se ha planteado la guerra, lo que se ha planteado, con sus variantes, sus intereses, es la movilización y la presión popular como mecanismo legítimo y constitucional para impulsar el cambio político. Y lo que está ocurriendo, incluso más allá de la voluntad de la dirigencia, es la movilización espontánea y recurrente de un pueblo hastiado de este desastre.
Muchos han apelado a las experiencias vividas en otros países para defender la tesis de la negociación, Luis Vicente León no es la excepción cuando alude al caso Pinochet en Chile, por ejemplo. Lo que no se destaca es que ellas se desarrollaron de forma transparente por coaliciones políticas que tenían como propósito central de sus iniciativas salir de los regímenes opresores y enrumbar a sus naciones por nuevos derroteros resumidos en programas de unidad o reconstrucción nacional, reivindicando el interés nacional por encima del particular, coyuntural o electoral. Por demás, los resultados de esas negociaciones sembraron en esas sociedades la certeza de que esos regímenes negociaban su salida o la transición, cosa distinta a lo que aquí ocurre y que, hoy día, con decisiones como la del TSJ que arrebata atribuciones a la AN, la del CNE que prácticamente deja para el febrero 2017 el RR, así como las arbitrarias detenciones de dirigentes opositores por delitos urdidos, simplemente reivindican el carácter dictatorial del régimen y su consideración de la utilidad del diálogo como salida.
La negociación en Venezuela (es historia reciente), solo ha servido para desmovilizar al pueblo que lucha y para afianzar a un régimen que, en su debilidad frente a una aplastante mayoría que quiere salir de él de manera urgente, pierde sin pudor alguno cualquier vestigio de democracia y se yergue desafiante por encima de las ruinas de Venezuela y su gente.
Lo que toca hoy día, en lo inmediato, es defender los derechos de todos, el derecho a consultar al pueblo para saber si este desea que siga Maduro al frente de la presidencia de la República, es uno de ellos. Pero para que, de verdad, sea útil a los propósitos de salvar a Venezuela del caos en el que la tiene sumida este régimen de mafias, ello debe hacerse este año, pues de lo contrario solo será un cambio de rostro para remozar al régimen en el poder, a pesar de las consideraciones de connotados dirigentes de los partidos que hegemonizan la MUD.
Pero también, toca levantar una nueva unidad nacional, una unidad superior como la que en el año 2011 propusiera Bandera Roja, que incluya a la MUD y abra espacio para que diversas expresiones organizadas de la sociedad (gremios estudiantiles, profesionales, organizaciones sindicales, comunitarias, movimientos, entre otros), se sumen a ella, con amplitud y desprendimiento, definiendo un plan de luchas que asuma la vanguardia y cabalgue sobre el descontento popular y la exigencia de cambio ya; de revocatorio en la calle para este año, enarbolando un Programa de Reconstrucción Nacional. Que organice al pueblo en #AsambleasPopulares y lo convierta en protagonista, con fuerza y autonomía, del proceso de cambios que se da en Venezuela, articulando toda su voluntad y energía para aplastar a la barbarie y al fascismo, y para que, en medio de ella, la negociación sirva, de forma inequívoca, para poner fin a este oprobioso régimen.
Así que teniendo el “oro en polvo” de la disposición de lucha de la inmensa mayoría de los venezolanos, sería un crimen que ella no se emplee para salir de la dictadura, por lo que desde ya debemos declararnos en emergencia para construir en cada espacio, en cada rincón de Venezuela esa nueva unidad, para organizar al pueblo en Asambleas, en comités, en frentes, en cualquier instancia que facilite su participación activa y haga que se concrete, a la brevedad, el derecho a revocar a Maduro y su régimen, el derecho a tener un mejor destino.
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