El fracaso de 15 años de gestión gubernamental ―marcados por desaciertos, engaño, populismo, corrupción y despotismo― se manifiesta abiertamente en toda su ruindad en este año que apenas comienza con una crisis económica, social y política que no puede ser escondida con discursos manipuladores ni siquiera con la ayuda colaboracionista de viejas y nuevas castas politiqueras.
Las ofertas y las promesas de sustituir una democracia desvencijada por una «participativa, protagónica y de justicia social» nada tienen que ver con una realidad en la cual el gobierno arrincona, reprime y subyuga a las organizaciones populares realmente autónomas, creando un supuesto «poder popular» ficticio, adocenado y controlado desde Miraflores, que niega la representatividad a los verdaderos luchadores populares, sindicales, estudiantiles, comunitarios, intelectuales y campesinos. Nada tienen que ver con las restricciones impuestas desde el gobierno a las libertades de opinión, organización y manifestación. Nada tienen que ver con la negación del poder ciudadano, pues cada día es más evidente que el estamento militar tiene la primacía en los asuntos propiamente civiles, pero ni siquiera eso ha frenado el ascenso de la inseguridad, el crimen y la delincuencia contra toda la sociedad. Ni tampoco dichas ofertas democratizadoras tienen nada que ver con un sistema electoral completamente parcializado, que niega la proporcionalidad y la participación de las minorías, permite el superventajismo del gobierno, estructura la base electoral para favorecer al oficialismo y no le pone coto a los desmanes contra la propia ley electoral y contra principios constitucionales.
Nos ofrecieron desarrollo económico y dilapidaron una fortuna que sobrepasa largamente el millón de millones de dólares para hacernos cada día más dependientes, más vulnerables y menos soberanos. Han destruido la ya menguada infraestructura económica e industrial provocando que más de 70 por ciento de nuestros alimentos provengan de la importación. Destruyeron las empresas básicas de Guayana, invadieron y expropiaron empresas productivas, industriales y agrícolas, para llevarlas a la quiebra y la inutilidad. Convirtieron a PDVSA en una caja negra para financiar sus aspiraciones de perpetuarse en el poder, mientras la degradaban en sus capacidades propiamente productivas. Desmejoraron sensiblemente todos los servicios básicos de electricidad, vialidad y urbanismo, mientras dilapidaban el tan publicitado gasto social en planes asistencialistas que, en vez de atacar las raíces de los problemas, eran concebidos como formas de controlar a la población y de obligarla mediante el chantaje y la discriminación a apoyar sus fórmulas electorales. El desabastecimiento, la carestía y el alto costo de la vida, la elevada inflación y la destrucción de la capacidad adquisitiva de salarios, sueldos y pensiones, junto con la falta de empleo estable, productivo y sustentable, son muestras más que evidentes de que se ha levantado una economía para el derroche, la especulación, la corrupción y la lumpenización.
La agudización de la crisis nos muestra que ya dejó de ser coyuntural, para convertirse en la posibilidad cierta de una verdadera hecatombe que trastoque las estructuras de toda la República. Las aspiraciones muy sentidas del pueblo venezolano de que se produzca un cambio en un sentido de progreso,desarrollo y justicia social vuelven a estar en primer plano. Quienes creyeron en las ofertas y promesas de 1998, 2003, 2006 y 2012 hechas por el fallecido Hugo Chávez hoy sienten en carne propia el engaño del cual fueron objeto. En el lapso de un año el gobierno de Maduro ha demostrado que se puede ir peor, que se puede destruir más, que se puede llegar a un más alto grado de irresponsabilidad política, pues todo lo hacen con el único fin de permanecer en el poder a como dé lugar, sin importar ni preocuparse de que sus desmedidas ambiciones puedan conducir a un despeñadero a todo el país, a una abierta dictadura militar o aconfrontaciones violentas entre venezolanos de imprevisibles consecuencias. Este no es un gobierno basado en un compromiso para hacer avanzar un programa social, sino un pacto de mafias políticas y económicas, una alianza de camarillas para seguir expoliando los recursos nacionales y seguir enriqueciendo a viejas y nuevas oligarquías.
Ante este momento tan crucial para nuestro país, Bandera Roja se aparta de cualquier propuesta que signifique colaborar para que continúe este desastre. Pero también se aparta de ideas aventureras, que lleven a la anarquía o que alienten golpes militares. Creemos que son tiempos de convocar al pueblo constituyente, pues es en él donde reside el poder originario de nuestra República y es a él a quien compete escoger el mejor camino en esta encrucijada histórica. Es con una Asamblea Constituyente como podremos democrática y pacíficamente señalar una nueva esperanza, un nuevo camino para nuestra institucionalidad, para nuestra economía y para nuestra sociedad. Sin discriminaciones, sin autoritarismos, sin exclusiones, buscando reafirmar un nuevo pacto social que haga renacer la esperanza a los venezolanos defraudados de que podemos reconstruir unitariamente nuestra patria, donde todos podemos colocar nuestro aporte en una suma de intereses basada en un verdadero rescate de nuestra soberanía y afianzamiento de nuestra independencia, en un desarrollo económico que nos haga trascender de esta economía rentista a una sociedad de productores libremente asociados y en una nueva distribución de la riqueza que favorezca a los trabajadores, a los pobres y a toda la ciudadanía. Salir de esta democracia de élites para construir una democracia de ciudadanos libres con suficiente espacio para el desarrollo de nuestros derechos y con la necesaria responsabilidad para asumir nuestros deberes colectivos.
«La política no es para vivir de ella sino para que sirva al bien común». Esta máxima tan vieja cobra hoy más vigencia que nunca en nuestro país, ante la degradación de tantas organizaciones y dirigentes políticos y sociales. Convocamos a las organizaciones partidistas, a sus dirigentes y a sus bases, a las organizaciones sindicales, comunitarias, estudiantiles, gremiales y no gubernamentales, a los intelectuales, a las academias, al campesinado y a todos los trabajadores, al pueblo en su conjunto a luchar para construir la fuerza social que hará posibles los cambios que exige nuestra patria. Bandera Roja se pone al frente en esta cruzada que ya muchos venezolanos han advertido como posible y como adecuada al momento actual. Solo un gran movimiento asambleístico que venga de la base de la sociedad podrá tener la fuerza suficiente para exigir y para imponer el camino democrático, plural e inclusivo que significa el desarrollo de una Asamblea Constituyente.
¡La rebelión democrática del pueblo abre los caminos!
Bandera Roja / 20 de enero de 2014
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