Por Roberto López
Hoy 4 de octubre de 2016 se cumplen 34 años de la Masacre de Cantaura, ocurrida en 1982 durante el gobierno de Luis Herrera Campins (Copei). Lo más resaltante de esta nueva conmemoración que significó la muerte de 23 revolucionarios pertenecientes al Frente Guerrillero Américo Silva, del partido Bandera Roja, es la impunidad que acompaña a esta y otras masacres desatadas por la represión bárbara del Pacto de Punto Fijo (gobiernos de AD y Copei).
De nada ha servido la aprobación, en octubre de 2011, de la "Ley para sancionar los crímenes, desapariciones, torturas y otras violaciones de los derechos humanos por razones políticas en el periodo 1958 – 1998", y la juramentación en febrero de 2013 de la Comisión por la Justicia y la Verdad.
Hasta la fecha, las investigaciones relacionadas con la Masacre de Cantaura no han permitido la condena de ninguno de sus responsables. A casi 18 años de revolución bolivariana, la impunidad más absoluta domina este crimen de lesa humanidad cometido por la IV República, con la ahora evidente complicidad de la denominada "V República".
Asesores de la Comisión por la Justicia y la Verdad como Luis Britto García e Ignacio Ramírez Romero, afirmaron públicamente el año pasado (2015) que las instituciones del estado venezolano no han impulsado ni facilitado la actuación de la Comisión.
