y cese a la represión contra el sindicalismo clasista
El régimen chavista —tanto el gobierno como el ministerio público y los tribunales— mostró su verdadero rostro antiobrero y antipopular al sentenciar a 7 años y medio de prisión a Rubén González, secretario general del sindicato de Ferrominera del Orinoco. Su delito fue convocar a un paro de las actividades productivas como protesta por el incumplimiento del contrato colectivo por parte del patrono —es decir, el propio gobierno en la figura de la CVG—, quien no respondía por los pasivos laborales que les adeuda.
Hoy jueves 3 de marzo, producto de la movilización de la clase obrera y de los anuncios de fuertes acciones de protesta, se le ha concedido una medida sustitutiva de libertad a este dirigente sindical, poniéndolo en la calle y obligándolo a presentarse en el tribunal cada 15 días. Con la aplicación de la Ley de Seguridad y Defensa Nacional quiere este gobierno mostrar su clara disposición de reprimir las luchas obreras y en general de los trabajadores, cuando ya la demagogia y el engaño propagandístico no surten efecto en la masa laboral, cuando ya es evidente que el uso de frases sonoras —control obrero, consejos de trabajadores, salario social, autogestión, cogestión, nuevas relaciones sociales— sólo ha servido para esconder el incremento de la explotación y la negación de conquistas laborales que costaron mucha sangre y esfuerzo a los trabajadores.
Los discursos obreristas en boca del presidente Chávez son una estafa para seguir embaucando a los trabajadores y para conculcar el deseo de que en nuestra patria de verdad se produzca un cambio significativo que mejore no solamente la situación económica y social de las clases trabajadoras, sino que en verdad se incrementen significativamente las fuentes de empleo productivo, se abran las compuertas para una verdadera revolución industrial y se modifique la distribución de la riqueza, que aún hoy sigue beneficiando a los capitales especulativos, a los banqueros, a los importadores y la casta burocrática corrupta.
Esta supuesta “quinta” república cada día se parece más a los peores precedentes de la “cuarta”. En 1980, frente al avance de los sidoristas en su lucha por mejoras contractuales, el gobierno de esa época —amparado en Fetrametal y Fetrabolívar— intervino el sindicato Sutiss y aplicó la Ley de Justicia Militar a los dirigentes sindicales Gabriel Moreno y Oswaldo Arenas, entre otros, y los puso presos acusándolos de rebelión militar. Hoy con Rubén González no sucede algo distinto, pues lo que cambia es el uso del instrumento jurídico, pero la saña contra el movimiento sindical clasista es la misma.
Bandera Roja llama a las organizaciones sindicales y gremiales, a los colegios y asociaciones, a los trabajadores, a las federaciones y centros de estudiantes, a los partidos y organizaciones políticas democráticas, a sumarse a la protesta contra estos atropellos del actual régimen. Que no quede una sola ciudad, ni una sola zona fabril, ni un centro de estudios, donde no se adelante diversas formas de protesta: marchas, paros, piquetes de propaganda y de solidaridad, exigiendo el cese a la represión e intimidación contra los dirigentes sindicales clasistas y diciendo basta ya de que se criminalice la protesta popular.
¡¡LIBERTAD PLENA PARA RUBEN GONZALEZ!!
¡¡NO MAS CRIMINIZACION DE LA PROTESTA!!
¡¡RESPETO A LOS DERECHOS LABORALES!!
Comité Político Nacional de Bandera Roja
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