Provea solicita a la AN el allanamiento de la inmunidad parlamentaria a autor material de Masacre de Cantaura
A continuación transcribimos la totalidad de la comunicación, que fue recibida y sellada por la Asamblea Nacional el 26.01.11:
“Caracas 24.01.2011
Ciudadanos:
Fernando Soto Rojas y Aristóbulo Isturiz
Ciudadana Blanca Eekhout
Integrantes de la Directiva de la Asamblea Nacional.
Presente:
Reciban de parte de quienes integramos el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) un cordial saludo. Como ustedesconocerán, desde el año 1988 hemos promovido y defendido la vigencia de los derechos humanos en el país. Durante 22 años hemos acompañado a las víctimas de violaciones a los derechos humanos sin ningún tipo de discriminación. En el golpe de Estado de 2002 velamos por la integridad física y personal de algunos de quienes hoy conforman el parlamento y el gobierno incluyendo al propio presidente Chávez.
Durante 22 años hemos luchado contra la impunidad y reclamado justicia frente a graves violaciones a los derechos humanos. Tenemos 22 años acompañando a las víctimas de la masacre del El Amparo ocurrida en 1988 y con nuestra asesoría logramos la primera sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor de víctimas de graves violaciones a los derechos. Hoy continuamos exigiendo justicia en este caso.
En 1999 mediante una acción de amparo constitucional logramos desclasificar el expediente de la masacre de Yumare, el cual estaba clasificado por la justicia militar como secreto. Esa acción permitió avanzar luego en las investigaciones y reapertura del caso en los tribunales civiles.
Durante años hemos mantenido contacto con familiares de las víctimas de la masacre de Cantaura y con sobrevivientes de esa masacre. Con ellos hemos exigido investigación de lo ocurrido, reapertura en tribunales ordinarios y castigo a los culpables.
Nuestro combate a la impunidad nos obligó a pronunciarnos públicamente en medio del proceso electoral para que tanto los candidatos José Sánchez “Mazuco” y el ciudadano Roger Cordero no fuesen electos pues ello dificultaría la investigación de los hechos en los cuales se les involucra.
En el caso del actual diputado por el PSUV Cordero Lara hay suficiente información en el expediente de Cantaura en poder del Ministerio Público que indican que este ciudadano comandó uno de los aviones que en la madrugada del 04 de octubre de 1982 bombardeó el campamento del Frente Guerrillero Américo Silva en la población de Cantaura estado Anzoátegui. Ese día, como todos ustedes conocen, una operación combinada de militares y policías produjo la Masacre de Cantaura en la cual fueron asesinados 24 revolucionarios.
Muchos de quienes hoy integran el parlamento incluyendo a Ustedes han condenado en reiteradas oportunidades la masacre de Cantaura, señalándola como uno de los hechos más graves de violaciones a los derechos humanos ocurrido en la Cuarta República. En diferentes oportunidades Ustedes han planteado, con razón, la necesidad que este caso no quede impune. Muchos de Ustedes, conmovidos por los hechos y en solidaridad con los familiares, han participado en homenajes realizados a los revolucionarios asesinados en Cantaura.
Como activistas de derechos humanos compartimos con ustedes el reclamo de justicia, no sólo en este caso, sino también en las masacres de Yumare y El Amparo y en otros graves hechos de violaciones a los derechos humanos que se produjeron en las décadas de los años 60, 70 y 80. Durante años hemos denunciado la impunidad y realizado actuaciones muy diversas para que se investigue y sanciones a los responsables.
Ustedes saben que en el caso de la masacre de Cantaura, como también ocurrió en la masacre de Yumare y de El Amparo, la justicia militar dictó sentencias declarando no culpables a los responsables bajo el argumento de actuar en legítima defensa. Dichas sentencias fueron dictadas de esa manera con el único propósito de producir impunidad. Ustedes y nosotros hemos denunciado que en los tres casos las masacres fueron resultado de un uso abusivo del poder, una manera de intimidar a los millones de venezolanos y venezolanas, que desde distintas trincheras y espacios, reclamaban un país más justo.
En los últimos años hemos saludado los avances para revertir la situación de impunidad tras las actuaciones del Ministerio Público en la apertura de la investigación en la jurisdicción civil, principalmente en las masacres de Yumare y Cantaura. Alentar esas investigaciones, y no obstaculizarlas, es lo apropiado para que los familiares de las víctimas y el pueblo venezolano tengan la satisfacción de celebrar que dichas violaciones tuvieron la sanción respectiva.
En este sentido recordamos que el PSUV se pronunció, el 05 de octubre de 2009, a favor de la investigación y sanción de los responsables de la masacre en los siguientes términos: “La Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) apoya a la Fiscalía General de la República en la investigación que adelanta para determinar los responsables de la masacre de Cantaura, estado Anzoátegui, hecho ocurrido el 4 de octubre de 1982 y en el cual murieron 25 venezolanos.
Así lo manifestó el vicepresidente para la Región Oriental del PSUV, Aristóbulo Istúriz, durante una rueda de prensa celebrada este lunes, ocasión en la cual sostuvo que “este tipo de cosas debe desaparecer. Han trascurrido 27 años, eso es lo que el pueblo llama impunidad“. (
http://www.vtv.gov.ve/noticias-nacionales/24516). Esta declaración fue respaldada, en su totalidad, por las organizaciones de derechos humanos.
Por estas razones nos parece importante que como Junta Directiva tomen la iniciativa de iniciar los procedimientos correspondientes para que se allane la inmunidad parlamentaria del diputado Roger Cordero Lara. Apoyamos igualmente toda iniciativa de esta naturaleza que se adopte en cualquier otro diputado o diputada a quien se le señale de haber participado en graves violaciones a los derechos humanos.
Nos preocupa se use la inmunidad para favorecer la impunidad. Avanzar en la búsqueda de justicia en el caso de la masacre de Cantaura obliga al parlamento a generar políticas y acciones que faciliten las investigaciones y sanción a los responsables.
Aprovechamos la oportunidad para recordarles que los parlamentarios que dejaron sus cargos en enero no cumplieron con su promesa de presentar al país un informe sobre las graves violaciones a los derechos humanos que se produjeron en las décadas de los años 60, 70 y 80.
Aspiramos y sugerimos a Ustedes que esta Directiva reimpulse esta iniciativa que puede contribuir a conocer la verdad de los hechos y sancionar a los responsables.
Los familiares de las víctimas, y los venezolanos y venezolanas que exigen justicia en estos casos, con seguridad respaldarán las dos iniciativas: allanar la inmunidad del diputador Roger Cordero Lara y reimpulsar las investigaciones las graves violaciones a los derechos humanos que se produjeron en las décadas de los años 60, 70 y 80
Solo nos motiva reclamar justicia y seguir luchando contra la impunidad.
Por el Equipo Coordinador de Provea
Marino Alvarado Betancourt
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