Que vivan los estudiantes
Que marchan sobre las ruinas
Con las banderas en alto
Va toda la estudiantina.
Esta estrofa de un célebre poema de Violeta Parra luce una remembranza de tiempos cuando el movimiento estudiantil era una fuerza autónoma, auxiliar del movimiento obrero. Y luchaba por sus derechos a rabiar. Destacaba la exigencia de la gratuidad de la enseñanza.
Luce inexorable la privatización de las universidades, por lo menos de la UCV, dadas las medidas que vienen tomando los decanos y el vicerrectorado administrativo. Como alertamos durante las pasadas elecciones ucevistas, en las propuestas programáticas al rectorado y a los decanatos, había coincidencia en eso de los ingresos propios para atender la crisis presupuestaria. Pocas excepciones hubo de candidatos que planteaban el respeto a la gratuidad y ninguna en cuanto a la lucha contra el gobierno para hacer cumplir el financiamiento de las universidades, como dice la Ley de Universidades.
Se asumió como una especie de principio que debían garantizarse ingresos propios para cumplir con el funcionamiento. Esto ya es un hecho.
Aun sin hacer cálculos, el cobro a los estudiantes se instaló para solventar parte del déficit presupuestario de las facultades. Pero lo más grosero es el cobro por unos cursos de nivelación o propedéuticos. En el caso de Ingeniería, se inscriben alrededor de 300 estudiantes y les cobran 45 dólares. En Medicina la cosa es mayor, $150 para el tal propedéutico. En Derecho $20.
Eso de los propedéuticos nos resulta un invento para quitarle unos cuantos dólares a unos estudiantes incautos, deseosos de ingresar a la universidad. Cursar el propedéutico no te da derecho al ingreso, pero sí garantiza ingresos a las facultades. El estudiante debe aprobar el curso. De tal manera que, supongamos que hay 30 cupos, se inscriben 300, 270 quedan fuera, pero pagaron el curso. De allí que hay una gran capacidad de maniobra. Ley de la oferta y la demanda. En Medicina debe ser más caro, pues tiene más demanda.
El cobro de aranceles es otro mecanismo para incrementar los ingresos de los decanos. Todos ilegales. Es así como se han incrementado las tarifas a los estudiantes, sin tomar en cuenta la circunstancia que vive la familia venezolana.
También la dirección de deportes hace lo suyo. Se alquilan canchas y hasta la piscina. No tenemos claridad respecto a la protesta del equipo de polo acuático, pero nos luce justa, en principio, más cuando se limita el uso de un espacio vital para ese deporte. Parece que cobran, además, por la práctica de los deportes.
En buena medida estos asuntos son ilegales e ilegítimos, porque la recaudación debe ser autorizada por el rector. Que sepamos, esto no es así. Al menos lo referido a los tales cursos propedéuticos. Lo de Deportes, suponemos, es algo que compromete al rector.
Cada decanato determina este tipo de inventos para arrancar a los estudiantes unos cuantos dólares. Pasando por encima del artículo 36 de la Ley de Universidades, que establece que, entre las atribuciones del rector está:
“8. Autorizar la recaudación de los ingresos y de los pagos que deba hacer la Universidad, previo cumplimiento de los requisitos que señalen la presente ley y los reglamentos”.
De igual manera, entre las atribuciones del Consejo Universitario, contempladas en el artículo 26, se establece: “7. Fijar el arancel para determinados cursos especiales y de post-grado”.
Violan de manera clara el principio constitucional y la ley mencionada que establece: “Artículo 11. En las universidades nacionales los estudios ordinarios son gratuitos; sin embargo, los alumnos que deban repetir el curso total o parcialmente por haber sido aplazados, pagarán el arancel que establezca el Reglamento”.
En definitiva, se instalaron mecanismos ilegales para incrementar ingresos. Con el agravante de que no se rinden cuentas al respecto. Es una ideología y una política que se escudan en el incumplimiento del gobierno de financiar la educación universitaria. Sin embargo, esta circunstancia, que es real, se convierte en una excusa, ya que su idea es que las universidades deben ser pagas aunque aceptan su condición de que sean públicas. más o menos los mismos principios que imperaban en Colombia.
Se trata de una ofensiva desbocada de los decanos, quienes en el núcleo antes indicado afianzan la feudalización de la universidad. Se pasa a la torera la autoridad que supone el rector, la cuarteta rectoral y el Consejo Universitario. Quienes, por cierto, no se han pronunciado al respecto. Se pueden estar haciendo de la vista gorda, en virtud de que en cierta medida comparten esa política.
Es tan dable esta orientación, que quienes defienden la gratuidad son vistos como gente atrasada. Lo moderno, sin dudas, es andar en la onda liberal de la privatización. Le hacen el juego al gobierno que presiona y ha creado condiciones para que casi todo esté privatizado y corrompido. Las policías viven de la matraca y el soborno. Muchos funcionarios públicos se hacen de ingresos superlativos mediante el cobro de servicios que deberían ser gratuitos. Las bombas de gasolina, literalmente, son minas de oro negro. Las oficinas públicas son centros de corrupción que permiten que los funcionarios se hagan de ingresos muy por encima de lo que devengan, que indiscutiblemente es una miseria. Son mecanismos de ingresos corruptos legitimado por el gobierno, dados los bajos ingresos. La universidad no podía quedar atrás. Los decanos, la vanguardia de esta política.
Hay opinadores y candidatos que indican que no es atractivo eso de luchar contra la privatización, porque los estudiantes están de acuerdo con eso. Que eso no da votos. Lo que da votos es levantar la bandera de la privatización. Que la mayoría de dirigentes está en esta idea.
Lo que indica que se hace urgente educar a los educandos en la civilidad republicana consagrada en la Constitución, con todo y que es letra muerta. Pero la concienciación puede convertirse en la fuerza para frenar esta perspectiva. La educación pública, gratuita y obligatoria es un derecho establecido en Venezuela el 27 de junio de 1870, cuando el entonces presidente, Antonio Guzmán Blanco, lo establece mediante decreto. Lo que supone una anticipación en la materia en comparación con buena parte de los países más avanzados del mundo, siendo el tercer país de América Latina en asumir este principio de la gratuidad y obligatoriedad de la educación pública, detrás de Argentina y México.
El rector, la cuarteta rectoral y el Consejo Universitario han perdido la autoridad frente a los decanos. Un tal núcleo de decanos, no contemplado en la Ley de Universidades vigente, decide por encima de la ley, del rector y del CU. Cuentan con tal fuerza en las actuales condiciones que se imponen, sobre todo en materia de ingresos propios, violando flagrantemente la Constitución y la Ley de Universidades.
Por su parte, la dirección gremial estudiantil y profesoral parece que no les afectará, pues no hacen nada al respecto. Tratándose de una política ilegal que atenta contra la gratuidad, son asuntos que deberían ser materia de debate en toda la universidad. Los estudiantes no deben ser quienes sufraguen para cubrir el déficit. Deben defender el derecho a la educación gratuita y de calidad. Exigirle y luchar contra el gobierno para que cumpla con lo contemplado en la Constitución, la Ley Orgánica de Educación y la Ley de Universidades vigente, aunque sean abiertamente pisoteadas.
Carlos Hermoso
Universidad Central de Venezuela
15 de octubre 2024
