Era lunes 4 de octubre de 1982 y aún no había amanecido. En días anteriores se habían sentido movimientos raros, carros extraños, situaciones anormales para la vida diaria del destacamento guerrillero que había acampado en los Chingurriales del Morocho Evans en las cercanías de Cantaura. Menos de un centenar de guerrilleros y guerrilleras se aprestaban a acomodar sus morrales y tomar sus posiciones, cuando fuertes explosiones destruyeron la cocina donde se hacía el café y cayeron heridos varios de quienes se encontraban cerca. Era un ataque combinado de aviación, ejército, guardia nacional y disip que, luego del bombardeo [uno de esos aviones lo piloteaba el actual diputado del PSUV Roger Cordero Lara], entrarían a rematar a los 23 combatientes, 11 con tiros de gracia, que quedaron heridos y no pudieron romper el cerco militar.
El accionar del Frente Guerrillero Américo Silva (FAS) distaba mucho de las visiones foquistas, pues no buscaba sustituir la lucha popular sino que trataba de potenciar y dar luces de triunfo al movimiento social que ya comenzaba a tomar fuerza ante la debacle económica que se asomaba, luego de más de dos décadas de bonanza. Bandera Roja señalaba, en sus análisis, que la renta petrolera perdía su capacidad de dinamizar la economía y si no se cambiaba el rumbo serían los trabajadores y los pobres quienes cargarían con el mayor peso de la crisis. Efectivamente, la desvalorización del salario, el desmontaje del sistema de seguridad social, el progresivo deterioro de los servicios y de las instalaciones educativas y de salud, producto de la disminución del gasto social y del incremento de la corrupción estatal, fueron las consecuencias de una política que favorecía a la oligarquía y a los monopolios, en detrimento de las clases trabajadoras.